22 Octubre 2016

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Opinion

La causa por el tráfico de esa droga a Portugal tiene una segunda parte que analiza la responsabilidad de cinco funcionarios aduaneros actualmente procesados por su accionar "negligente" al no haber escaneado la mercadería, advertir fallas en los sistemas de seguridad y controlar la documentación antes del embarque.

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Cámaras de video que no funcionaban, contenedores que fueron cargados mientras los funcionarios de la Aduana miraban para otro lado y la elusión del escáner que debía analizar los cargamentos fueron las prácticas que se combinaron para que pudieran salir del país más de 1000 kilos de cocaína ocultos en bolsas de carbón vegetal con destino a Portugal entre fines de 2011 y principios de 2012, en la operación más grande de contrabando de estupefacientes a Europa investigada en nuestro país.

 

Las maniobras se desprenden del auto de procesamiento dictado por la jueza Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Zunilda Niremperger, a dos agentes verificadores de la Aduana que intervinieron en la consolidación (cierre) de los cargamentos en la planta de Carbón Vegetal del Litoral S.R.L. de la localidad de Quitilipi. La medida, dictada por la magistrada el 21 de febrero pasado, también abarcó a otros tres agentes aduaneros que debieron verificar la carga antes de su salida del Puerto de Buenos Aires. Los cinco fueron procesados por la violación del artículo 868 inciso a del Código Aduanero, que penaliza a quienes realizan "actos que posibilitan el contrabando". La jueza consideró que todos actuaron de forma "negligente en el cumplimiento de sus funciones" y los embargó en 50 mil pesos a cada uno.

 

La causa madre, conocida como "Carbón Blanco", tiene otros cinco procesados que irán próximamente a debate oral y público, luego de que el fiscal Carlos Sansserri y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Félix Crous, requirieran la elevación a juicio el 17 de junio pasado. Allí se juzgará el envío a Portugal de alrededor de mil kilos de cocaína oculta en tres cargamentos de carbón vegetal. Los estupefacientes viajaban ocultos en bolsas idénticas a las del mineral pero distinguibles gracias a una doble costura.

 

Esos cargamentos debieron ser controlados en una primera fase en la planta que la empresa exportadora tiene en Quitilipi, durante el proceso de consolidación, y luego en el Puerto de Buenos Aires.

 

Para poder consolidar la carga en sus propias instalaciones, Carbón Vegetal del Litoral había conseguido un permiso de la AFIP-Aduana que se otorga a las empresas que cumplen con determinados protocolos de seguridad: la empresa debía contar con cámaras de video (al menos, tres fijas y una domo) que graben el proceso de carga en los contenedores, tener conexión de Internet para registrar el cargamento a través del sistema María -un software utilizado para la trazabilidad o seguimiento de la mercadería, recientemente reemplazado por el más moderno sistema Malvina- y la presencia de funcionarios públicos de la Aduana (un guarda y un verificador), acompañados en ocasiones por perros adiestrados, durante todo el proceso.

 

La segunda fase de control debía concretarse en el puerto de salida mediante el paso de los contenedores por un escáner que analiza el contenido de las denominadas "destinaciones", nombre ligado a un código alfanumérico utilizado para los cargamentos en las operaciones de exportación e importación.

 

El primer cargamento, que incluyó 380 kilos de cocaína, fue hallado por la policía portuguesa. Tras la advertencia a las autoridades argentinas, el segundo fue interceptado en el puerto de Buenos Aires: tenía 519 kilos de cocaína en 70 de las 1050 bolsas de carbón que conformaban el envío. Un tercer embarque, de casi 160 kilos, fue abierto finalmente en Portugal, luego de que se constatara que iba en viaje cuando se inició la investigación.

 

Las fallas y el fallo

 

Por su actuación como verificadores en la planta de Quitilipi, Niremperger dictó el procesamiento de los agentes aduaneros Miguel Francisco Albrizio y Guillermo Argañaráz. El primero, indicó la magistrada, intervino en los dos primeros cargamentos, mientras que Argañaráz lo hizo en el tercero. Ambos, remarcó la jueza, debían "controlar que la documental que avala la mercadería sea coincidente con la aportada por el exportador y en consecuencia a posteriori, habiendo verificado previamente que funcione correctamente la electricidad, el sistema cerrado de cámaras, la conexión a internet para utilizar el sistema María, recién proceder a la verificación en forma selectiva de la mercadería".

 

La jueza consideró probado que los dos funcionarios realizaron su tarea "sin suministro de energía eléctrica, con fallas y cortes del mismo durante el proceso de consolidación" y por eso los calificó como "negligentes en el cumplimiento de sus funciones", pues la tarea se realizó "sin que el sistema de circuito cerrado de cámaras filmadoras de la Planta Carbón Vegetal del Litoral funcionara correctamente, ya que había cámaras que no funcionaban y/o en ocasiones sólo una lo hacía". Para la magistrada, de esa forma se posibilitaron los "actos de contrabando, por cuanto no se documentaba fílmicamente la totalidad del proceso de consolidación como expresamente lo indica la normativa vigente".

 

Niremperger también ponderó que los dos agentes aduaneros tampoco labraron un acta ni dejaron constancia de estas irregularidades. Y puso de relieve el hallazgo de una filmación parcial registrada en la planta de la firma exportadora que muestra "cómo mientras algunas bolsas se controlaban en el escáner (scan van) otras eran cargadas directamente en el camión scan van sin visualizar lo que sucedía en la consolidación". El "scan van" es un vehículo utilitario equipado con un escáner que permite controlar el contenido de cargas pesadas.

 

La jueza individualizó y procesó a otros tres funcionarios aduaneros que fallaron en sus trabajos de contralor en el Puerto de Buenos Aires. Se trata de Marcelo Musladino, quien actuó en el rol de "gate (puerta) de entrada", y Fabián Foresi y Alfredo Di Nallo, responsables de la "puesta a bordo", sindicados por no haber realizado el debido control de algunos contenedores.

 

El "gate de entrada" debió "corroborar la documentación que trae el transportista y que ampara la carga" y "las constancias informáticas ingresadas por la Aduana de registro de la destinación" (en el caso, la aduana de Barranqueras). Por tratarse de contenedores con carbón vegetal, también debió indicar al chofer que debía dirigir el vehículo al sector de escáner "colocando en la documentación el sello o la leyenda 'debe escanear', a fin de someter al contenedor a este método de control no intrusivo", describió la jueza. Pero el imputado Musladino, prosiguió, "no procedió a mandar a escanear el contenedor" ni colocó la leyenda correspondiente, ni registró su actuación en el libro de uso interno que también debió firmar el chofer.

 

El cargamento de carbón vegetal es, por su tenor, individualizado por la Aduana como perteneciente al "canal rojo", uno de los canales de selectividad -también existen el naranja y el verde- que asigna el organismo para clasificar las normas de control que deben aplicarse a las destinaciones según su tipo. Las individualizadas con el rojo "deben sí o sí pasar por el escáner antes de ser despachado", indicó Niremperger.

 

En ese contexto, los imputados Foresi y Di Nallo consintieron la "puesta a bordo" o "cumplido de embarque", un trámite posterior a los realizados por Musladino, con las irregularidades que traían. "El agente aduanero, no sólo puso por error a bordo un contenedor con clorhidrato de cocaína, sino que omitió verificar que el mismo previo a ello haya pasado obligatoriamente por escáner como lo establece la normativa aduanera", consideró la jueza al evaluar sus responsabilidades.


Por Lucas Miguel

 

 

FUENTE Y FOTO: Fiscales.gov.ar - Chaco Día por Día

La deuda externa argentina, contraída por otros gobiernos para financiar en gran parte la fuga de capitales, es una pesada herencia neoliberal. Los fondos buitre, dice el economista Ricardo Aronskind, “operan como un puente entre el negocio financiero y el judicial”.



El fallo no es sino uno más de los numerosos episodios de la deuda externa que se generó en el país a partir de la última dictadura militar. La Argentina vivió en situación de endeudamiento permanente entre 1977 (reforma financiera de Martínez de Hoz) y 2001 (derrumbe de la “convertibilidad”). En ese período la deuda externa creció tanto por tomar créditos malamente utilizados, como por acumulación acelerada de intereses, producto de un sistema financiero internacional perverso. De la herencia neoliberal quedaron empresas públicas privatizadas, servicios públicos concesionados, deudas financieras impagables y juicios en diversos tribunales reclamando “derechos” que el establishment argentino concedió generosamente a los intereses extranjeros.



La enorme deuda externa, contraída para financiar la fuga de capitales y no para modernizar el aparato productivo, no podía ser pagada a fines de 2001, y ni siquiera los intereses devengados podían ser afrontados. El default fue la consecuencia de esa situación y abrió paso a lo que usualmente se hace en todo el planeta ante casos de insolvencia (tanto pública como privada): renegociar las condiciones de pago, para que se vuelva factible cumplir con los compromisos. La renegociación no solo alivia al deudor: es útil para que el acreedor pueda cobrar, al menos, parte de lo prestado. Es una práctica habitual y normal. Lo de los fondos buitres, en cambio, es otra cuestión. No es un “préstamo que salió mal”, sino una operación económica hecha específicamente con papeles derrumbados, para ser perfeccionada en los estrados judiciales. Los buitres operan como un puente entre el negocio financiero y el judicial.



Se trata de comprar activos financieros a precio de ganga, y de reclamar el pago completo del valor nominal de los mismos. Como esos precios irrisorios no son producto del azar, sino de un mal devenir económico del deudor, reclamar el pago completo es, por supuesto, un gesto formal que preludia el accionar judicial contra el caído. Y allí cobra especial importancia el perfil ideológico de los estrados judiciales en los que se radicará la demanda. La aceptación de los tribunales neoyorquinos, tan cercanos a Wall Street, como lugar para zanjar las controversias entre deudores y acreedores es partir de una cancha judicial inclinada a favor de los actores más influyentes, que por otra parte accionan un conjunto de mecanismos para que las afinidades ideológicas-políticas-culturales-ideosincráticas actúen plenamente en la decisión de los magistrados.

Además, el negocio es tan jugoso que, por ejemplo en el caso del fondo NML, representa más de 1.200 millones de dólares netos de ganancia por sobre lo “invertido”. Sobra dinero para estimular la vocación jurídica por hacer “respetar los derechos de propiedad”.

El gobierno nacional se ha hecho cargo, a lo largo de la última década, de un conjunto de pesadas cargas dejadas por las lamentables administraciones neoliberales. Juicios en el CIADI (Banco Mundial) entablados por empresas privatizadas o concesionadas contra el Estado Nacional, por incumplimiento de los grotescos contratos firmados en los ‘90, renegociación de la deuda con el sector privado, cancelación de la deuda eterna con el FMI, arreglo con REPSOL por la expropiación luego de la ruinosa gestión española de YPF, renegociación de la añeja deuda con el Club de París. El último tramo de este proceso de normalización de los numerosos pleitos heredados, era el tema de los “fondos buitres”. Y aquí se emitió el peor fallo posible para la Argentina.


 

Se abren a partir de esta situación un conjunto de nuevos escenarios. Argentina deberá “desenganchar” el pago al fondo NML de los compromisos con otros acreedores del país, para que no se genere un movimiento acumulativo de demandas, en reclamo de similares condiciones a las obtenidas gracias al fallo norteamericano. En materia de creatividad, el mundo financiero ha demostrado en las últimas décadas posibilidades ilimitadas. Si lo que les interesa a los fondos especulativos es simplemente cobrar, se pueden buscar y encontrar las formas para evitar que esos pagos terminen arrasando las reservas del Banco Central. Esa es la “línea roja” que el gobierno argentino no está dispuesto a traspasar. Y está muy bien que no lo haga, ya que los actores internos (bancos, grupos empresarios, sectores agrarios) han mostrado a lo largo de estos años una fuerte vocación especulativa, incluso al costo de arriesgar una crisis económica.

Resguardar las reservas del BCRA es preservar la normalidad económica y la paz social. La expectativa de que se logre un acuerdo aceptable con el 7% restante de los acreedores, radica en que en el período reciente, los acreedores externos se han mostrado, por lo general, más razonables y más pragmáticos que grupos locales embarcados en una cerril estrategia opositora (al gobierno, pero también al país).

Lo más difícil parece ser convencer a ciertos argentinos que, para ganar, hay que producir riqueza, y no golpes financieros.

 por Ricardo Aronskind


Economista. Es autor de "Controversias y debates en el pensamiento económico argentino" y de "El riesgo país. La jerga financiera como mecanismo de poder". Dirige el Programa Interdisciplinario de Seguimiento de la Crisis del Orden Mundial (Pisco), de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

FUENTE Y FOTOS: Infojus 

Miércoles, 18 de Junio de 2014 00:05

NUEVO BOMBARDEO SOBRE PLAZA DE MAYO

por Periodismo365

La Suprema Corte de Justicia de los EE.UU decidió por siete votos en contra y una abstención, no considerar la apelación argentina sobre el fallo del juez Griesa (el que a su vez fuera convalidado por la Cámara de Apelaciones). Sin entrar en pánico, el gobierno argentino y el país en su conjunto ha sido puesto en una encrucijada, en un contexto de claro predominio del capitalismo financiero; y dentro del mismo, del sector más rapaz constituido por los fondos buitres. Se suponía que el sistema capitalista conservaba un rasgo de equilibrio y autopreservación, dentro de su irracionalidad manifiesta.


   
El diagnóstico resultó equivocado y la Presidenta ha anunciado que no aceptará la extorsión, aunque abrió la puerta a la negociación. Está claro que después de tener un fallo favorable, los buitres seguirán exigiendo el 100% de los bonos comprados por centavos. La Argentina no puede aceptar condiciones que podrían revertir los canjes de deuda del 2005 y 2010 que contaron con la aprobación del 93% de los tenedores de bonos. Aceptar el fallo en estos términos tendría cierto parecido con el Tratado de Versalles, que le impuso condiciones leoninas a Alemania con las consecuencias conocidas.

 

LOS FONDOS BUITRES

 

 

El libro del periodista Carlos Burgueño “Los buitres”, aclara mucho sobre su funcionamiento. “Técnicamente, y siguiendo estrictos términos, nociones y lógicas capitalistas, los Fondos Buitres son vehículos de inversión dedicados a apostar a los mercados abiertos de capitales (títulos públicos y acciones), principalmente en operaciones de máximo riesgo. Esto es, países al borde del default o medianas y grandes empresas  cerca de la situación de quebranto y con la menor cotización de mercado posible. En el primer caso, la intención es esperar que llegue la cesación de pagos para reclamar el total de la deuda incluyendo intereses. El reclamo no se realiza directamente a los gobiernos, que en general, luego del default, inician procesos de reestructuración de deuda, sino en tribunales internacionales del primer mundo donde esa deuda tiene emisión de respaldo y cuyas leyes son aceptadas por los países  cuando colocan bonos: EE.UU, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Suiza, etc. En el caso de  las compañías en proceso de quiebra, buscando tomar el control de la empresa privada para luego vender sus activos por separado para reconvertirla y revenderla a un precio mayor….. Desde comienzos de la década de 1990 la situación comenzó a cambiar, y los países en desarrollo comenzaron emitir deuda donde los bancos eran agentes de colocación y su cotización libre……. El  factor que potenció este cambio fue la severa crisis de deuda de América Latina de fines de 1980, con los largos períodos de reestructuración que vivieron la mayoría de los estados de la región; comenzando por México. Muchas de estas deudas están emitidas directamente por bancos internacionales, que reclamaron una salida radical y estructural a los organismos financieros internacionales, los que a su vez pidieron la intervención efectiva de los gobiernos de EE.UU y la Unión Europea.”

 

La respuesta que los argentinos conocemos dolorosamente fue el Plan Brady, que significó un reemplazo de los acreedores que dejaron de ser los bancos comerciales a cambio de la emisión de bonos apoyados por el FMI. Junto con ello se cedió la soberanía jurídica que ha llevado que las situaciones litigiosas se diriman en tribunales norteamericanos.

 

Bien apunta Burgueño: “Obviamente, el Fondo aplicaría sus recetas propias de reformas estructurales, que aseguren la generación de superávits lo suficientemente holgados que les garantice a los países la capacidad de pago de esos bonos…”.  Así se intensificaron y potenciaron los planes de ajuste que hemos padecido con intensidad creciente hasta el estallido del 2001.

 

Pero además, el acceso al Plan Brady implicaba la adhesión a las políticas englobadas en lo que se conoció como el Consenso de Washington.

 

Con este desarrollo, los Fondos Buitres dejaron de aficionarse a las empresas en convocatorias para dedicarse a los Estados en default.  Los primeros casos fueron los de Perú, Ecuador, Rusia, Turquía y Ucrania. En todos, ganaron los buitres e inauguraron un negocio de una rentabilidad de porcentajes que superan el 1000%.

 

El fondo buitre que acaba de tener el favor de la justicia norteamericana es el NML Elliot. Su dueño Paul Singer, poseedor de un patrimonio de veintitrés mil millones de dólares, le aporta fondos a la ONG  “Voces Vitales Argentina” que maneja la diputada del PRO Laura Alonso, declaró en noviembre del 2013: “Podemos aguardar 20 años”.

 

Está claro de dónde proviene su denominación: son esas aves de rapiña que se alimentan de animales muertos. 

 

Aprovechan una laguna en el derecho internacional que recién ahora se está salvando y que existe para empresas y compañías privadas. Esa que establece que llegado a un porcentaje de aceptación de los acreedores que varía del 66 al 75%, los restantes, aunque se opongan deben aceptar lo decidido por la mayoría.           

 

 

Una curiosidad sobre el tema puede leerse en el libro “Los Buitres. Historia oculta de la mayor operación financiera contra la Argentina”: “ ….existe una ley en Nueva York , que regula las actividades de Wall Street, que impiden comprar deuda de la Nación  o de los Estados  o empresas privadas con el único objetivo de hacer juicio. En ese mercado el avance de los fondos buitres sería ilegal. Pero para evitar la aplicación de dicha ley disfrazan su actividad con intentos de negociación, y si no llegan a un acuerdo con los países en problemas accionan judicialmente.  En el caso argentino, se esperó a que el país anuncie su proceso de reestructuración  de deuda en el 2005 y sólo después   de conocer los términos de este llamado iniciaron el juicio ante los tribunales de Thomas  Poole Griesa. Según esta interpretación, el tiempo transcurrido entre  fines del 2001 y el lanzamiento del canje en  2005, fue el lapso de “negociación”, obviamente fallido. Luego viene el juicio, cumpliendo aquella ley que impide comprar deuda para litigar.”

 

NUEVO BOMBARDEO  SOBRE PLAZA DE MAYO

 

 

 

En un día de ingrato y de tenebroso recuerdo, un nuevo bombardeo sobre Plaza de Mayo se ha consumado desde los aviones del capitalismo de rapiña. Resulta indignante observar a los cipayos intentar infructuosamente contener la alegría adelantándose a los problemas inmensos que deberá afrontar el gobierno. Son los parientes de aquellos que desde Montevideo apoyaban el bloqueo de la armada anglo-francesa en 1838 y 1845. Los mismos o sus continuadores que contrajeron un endeudamiento que convertía la soberanía en un papel mojado, son los que se posicionan como comentaristas y fiscales cuando deberían estar en el banquillo de los acusados.

 

Los que en su dependencia cultural hacia la metrópoli nos hablan de la separación de poderes en EE.UU, subestiman u ocultan que la Suprema Corte es la última trinchera del sistema y están subordinados al poder económico que es además el que mueve las piezas del tablero político.

 

Como complemento perfecto de lo expresado, la justicia argentina, más precisamente la Cámara Federal Porteña,  ha dejado prescribir en el mes de junio la causa del megacanje que constituye una parte significativa de la deuda reestructurada y ahora reclamada por los buitres, con el beneficio para  todos los implicados, entre ellos David Mulford, ex Secretario del Tesoro de EE.UU, que a pesar de haber sido citado en cuatro oportunidades, nunca se presentó a declarar. El funcionario que  cobró una comisión de veinte millones de dólares por el megacanje fue condecorado a instancia de Domingo Cavallo con el máximo galardón que otorga nuestro país, la Orden del Libertador San Martín.

 

Como afirmaba Protágoras, unos siglos antes de Cristo: “La justicia es lo que el hombre rico dice que es”

 

El capitalismo financiero está convirtiendo al planeta en una Plaza de Mayo bombardeada.

 

Habrá que afrontar el futuro con el contrapeso de aquellos argentinos más buitres que los buitres financieros. Continuadores directos de aquellos que bombardearon la Plaza de Mayo.

por Hugo Presman

 
Hugo Presman es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Economía Política en al Facultad de Ciencias Económicas de la misma Universidad. Es Periodista. Sus trabajos son publicados en diversos medios nacionales e internacionales. Co conduce desde hace 11 años el programa radial EL TREN que se emite de lunes a viernes por AM 770 Radio Cooperativa de 19 a 20,00 horas. Sus informes semanales son publicados en distintos medios del país y del exterior. Es autor del trabajo de investigación “ 25 años de ausencia” y participó en los libros “Damián Carlos Álvarez Pasión por el libro”, “Insignificancia y autonomía. Debates a partir de Cornelius Castoriadis” y "Bicentenario de la Revolución de Mayo y de la Emancipación Americana".

FUENTE Y FOTO: Diario Registrado 

 

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