Las rutas que llevan ganado y conectan la industria agrícola local fueron testigos del tráfico de mujeres que eran trasladadas hasta los prostíbulos ruteros aprovechando los pocos controles policiales. Tras la implementación de la ley de trata, La Pampa es un cementerio de ex cabarets. Infojus Noticias recorrió Santa Rosa y otras localidades en búsqueda de estos locales.

Por: María Florencia Alcaraz

  

La bienvenida a los pueblos a la vera de la ruta 5, 35 y 151 en La Pampa la daban, hasta hace poco,  los prostíbulos que estaban en las entradas. Entre bosques de caldenes y llanura pampeana, lo primero que cualquier viajero veía eran las luces de los locales que se anunciaban como "whiskerías”. Tras la implementación de la ley de trata y la caída de las resoluciones municipales que los habilitaban, hoy sólo quedan las ruinas: La Pampa es un cementerio de ex cabarets. Cuatro intendentes pampeanos son investigados por la Justicia por haber tolerado y protegido locales sospechados de explotar mujeres.

Sobre Avenida Circunvalación, en la entrada de la capital pampeana, se ven los restos de cinco lupanares. Los locales están abandonados. Algunos vecinos dictaron su propia sentencia sobre ellos y los incendiaron, como Jarana, cerca de la rotonda del avión. Otros están en alquiler pero nadie se anima a levantar un nuevo negocio donde habitó el horror. Sólo uno, antes conocido como “El rancho” se reconvirtió en una iglesia evangélica.

Los prostíbulos están prohibidos desde 1937 por la ley de profilaxis. Los municipios históricamente han resuelto maniobras para habilitarlos bajo eufemismos: night club, burdeles, whiskerías, clubes nocturnos, saunas, casa de tolerancia. Para 2008 había 35 “whiskerías” habilitadas en La Pampa, una provincia que apenas supera los 300.000 habitantes. El lugar es paso obligado para los camioneros que recorren las rutas argentinas. La estampa campestre se completaba en cada paraje con una gomería, una  estación de servicio y un prostíbulo. “Tenemos dos rutas nacionales importantes que van de sur a norte, la 35 y la 5. Y es una provincia que tiene conexión con el sur. El petróleo que tiene mucha mano de obra masculina trabajando. Además, alrededor de Pico con la instalación del Ejército en el siglo pasado se pusieron prostíbulos” contó a Infojus Noticias Mónica Molina, la ex subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa.

Los vecinos de los pueblos conocían la existencia de los burdeles. Pero tienen miedo de hablar. En Lonquimay, una localidad que no supera los 2.000 habitantes, cuando aparece alguien ajeno al pueblo, enseguida empieza a merodear la policía. “Ya no hay más de esos lugares”, dice un hombre que trabaja en una gomería en El Sauzal, un paraje de la ruta 151, en el lejano oeste pampeano. “Los boliches de las chicas ya no se ven”, cuenta una panadera de Victorica, al norte de la provincia. Estaban a la vista de todos. Lo que no sabían los lugareños era que hasta allí llegaban mujeres de República Dominicana, Paraguay, Bolivia y otras provincias. Lo empezaron a notar cuando fueron rescatadas y algunas decidieron quedarse a vivir en los pueblos.

Así, las rutas que llevan ganado y conectan la industria agrícola local fueron testigos del tráfico de las mujeres que eran trasladadas hasta los prostíbulos ruteros aprovechando los pocos controles policiales. La mayoría no sabía dónde estaban y si tenían la oportunidad de salir lo único que veían era un camino recto y campo, mucho campo.

Los jefes comunales de la trata

"Good Night" en Lonquimay, "La Chicha Show" en Macachín; "El Rancho" en Colonia 25 de Mayo y "El delfín" en General Acha son los más paradigmáticos de la provincia. Detrás de cada uno de ellos están las firmas de los intendentes investigados: Luis Rogers, Jorge Cabak, Elena García y David "Sapito" Bravo. García renunció antes de terminar su mandato pero el resto continúa en sus cargos. El paisaje de los cuatro pueblos es idéntico. La trama detrás de la trata también: los funcionariosfirmaban las habilitaciones con la complicidad del juez de paz local y la convivencia policial.

El jefe comunal más comprometido es David "Sapito" Bravo, intendente de Colonia 25 de Mayo, un pueblo a 415 km de la capital provincial y cerca del límite con Río Negro y Neuquén. Iara Silvestre, la jueza federal-subrogante- de Santa Rosa, confirmó a Infojus Noticias que firmó el viernes su llamado a indagatoria en la segunda causa por trata en la que se lo investiga. Bajito y regordete, “Sapito" alardea haber sido el intendente más joven del país. Ahora puede batir otro récord: ser el primero en estar condenado en dos causas por trata. El año pasado fue sentenciado a 7 meses de prisión e inhabilitación por 14 meses por haber habilitado el prostíbulo rutero "El Rancho". Sigue en su cargo porque el veredicto todavía no está firme. El segundo expediente es por el burdel Venus. “Sapito” lo habilitó en enero de 2011, cuatro meses después de que el Concejo Deliberante de su ciudad votara la ordenanza para prohibir whiskerías y clubes nocturnos.

“Había una naturalización del funcionamiento de estos lugares como si fuera un trabajo lícito. Los funcionarios sabían lo que habilitaban porque las mujeres estaban inscriptas como alternadores. Decían que servían copas y charlaban con los clientes. ¿Pero para qué les pedían libretas sanitarias con exámenes ginecológicos si sólo hacían eso?”, contó a Infojus Noticias la jueza Silvestre que tiene a su cargo la resolución de los cuatro expedientes.

Las cuatro causas demuestran que la provincia mediterránea fue un lugar de explotación pero también pone de relieve las conexiones federales del sistema prostibulario argentino. Tal es el caso de Macachin, donde se investiga la responsabilidad política del actual intendente Jorge Cabak. Al fondo del pueblo, en una manzana de viviendas rurales y silos con granos funcionaba el ex cabaret "La chicho show". El lugar era un predio que ocupaba gran parte de la manzana: al frente estaba el salón donde las mujeres hacían las "copas" en un cubículo precario y pequeño con ventanas enrejadas con cemento. Nadie podía salir de ahí. El lugar tenía la barra y los espejos típicos de los lupanares. Y en el fondo había piezas donde los “clientes” accedían a los "pases". Hoy sólo quedan escombros. Hace poco rompieron la puerta de entrada y desde afuera puede verse la marginalidad en la que eran explotadas las mujeres. La Municipalidad lo sabía porque tenían libretas sanitarias que eran autorizadas por la intendencia. Por este caso, Cabak declaró ante la jueza el mes pasado.

"La chicho show" fue allanado en 2011 por una denuncia de una pareja de tucumanos que habían llegado para trabajar en mantenimiento y tareas domésticas pero la mujer terminó obligada a ejercer la prostitución. Al hombre lo echaron y él denunció a los dueños. Este nexo con la provincia del norte sumado a otro dato llevaron a Susana Trimarco a buscar a su hija desaparecida desde 2002 en ese prostíbulo.

"Contención espiritual para los camioneros"

La conexión con otras provincias no termina ahí. El proxeneta del lugar era Daniel De Luca quien, según distintas fuentes consultadas por esta agencia, hoy regentea una playa de estacionamiento en Mar del Plata. El hombre administraba varios lupanares. Además del pampeano, tenía a su cargo otros en la provincia de Buenos Aires en Saliquelló y Pelegrini. Las víctimas relataron que eran obligadas a rotar por los distintos prostíbulos del dueño. El caso revela, también, los lazos políticos con el delito. El socio de De Luca era Edmundo “Dito” Blas, un exconcejal local, que también está procesado.

El caso más mediatizado fue el de Rogers quien en 2009 defendió públicamente el funcionamiento de los prostíbulos. Dijo que no iba a cerrarlos porque eran lugares de "contención espiritual para los camioneros". El jefe comunal de Lonquimay desde 2007 está procesado como partícipe necesario desde abril de este año. Fue responsable del funcionamiento de "Good night" un prostíbulo rutero, activo por 8 años, en el que se encontraron víctimas de trata. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca será la que resuelva su situación, la del jefe policial y los proxenetas involucrados. Este caso también revela los lazos que unen al sistema prostíbulario nacional: en la causa se menciona que un camionero dijo haber visto a Fernanda Aguirre, la chica de Entre Rios desaparecida.

De los intendentes involucrados, la única mujer del grupo parece ser la menos complicada en el plano judicial: la jueza sobreseyóa García, de Acha, aunque el fiscal federal, Juan Baric, apeló a esa decisión.

Por ahora son cuatro los jefes comunales involucrados pero podrían ser muchos más. Los prostíbulos funcionaban a lo largo y a lo ancho de la extensión pampeana: Victorica, Telén, Bernasconi, Guatraché, por sólo nombrar algunos. A la vista de todos y con la venia del estado local. Hoy en el fuero Federal de Santa Rosa hay 19 causas judicializadas por trata. Mientras que en la fiscalía son 16 los expedientes en trámite. Los operadores de la justicia y quienes siguen de cerca la temática creen que la explotación sexual continúa en menor escala pero que los proxenetas cambiaron su modus operandi. Los investigadores ahora deben desplegar más tareas de inteligencia para poder dar con ellos.



  

FUENTE Y FOTOS: Infojus - Periodismo365 

En una semana intensa, el gobernador Bacileff Ivanoff osciló entre los alicientes de un nuevo cupo de 8540 viviendas (uno de los más importantes entre todas las provincias) de programas nacionales y el acompañamiento a la presidenta de la Nación en su viaje a Asunción, donde asomó el interés en los anhelados puentes con Formosa y el Chaco, donde se esperan contactos de los consultores solventados por el Fonplata que llegarán el martes a Resistencia y ahora se vislumbra que el enlace sería sobre el río Paraguay a la altura de Las Palmas, cuyo puerto ha sido incluido entre las obras que el gobierno nacional se propone licitar potenciando la hidrovía.

Por: Miguel Angel Fernández

Sin embargo, el hecho de que “Chiyo” aprovechara la videoconferencia con la Casa Rosada y desde Margarita Belén cuestionara fallos judiciales “a lo Griesa” que resultan perturbadores, dio la señal de la gran molestia causada por una frenada casi para usar el airbag de la adjudicación y contratación del edificio para la Cámara de Diputados con la empresa Tridelta S.A. en 70 millones de pesos, ante una medida cautelar obtenida por el bloque opositor, cuestionando por inconstitucional el procedimiento mayoritario para avanzar con ese objetivo a máxima velocidad, del mismo modo que no se apagaban las brasas con el juzgado de Faltas de Resistencia que aplicó multas y hasta inició una acción penal por otra obra, en este caso el nuevo hospital pediátrico.

Por si fuese poco, después de esa intervención del gobernador que hizo reaccionar al presidente del Superior Tribunal y hasta a la Asociación de Magistrados defendiendo el fallo de la jueza Civil y Comercial Nº 16, Silvia Felder, el gobernador debió notificarse de un episodio más delicado todavía: el juez federal de Resistencia ordenó clausurar nada menos que el departamento de Drogas Peligrosas en una sanción muy dura para la Policía del Chaco, pese a que se habían hecho inversiones en un mejoramiento importante al cabo de una inspección penitenciaria federal.

Juez federal de Resistencia

Juez federal Carlos Skidelsky.

El doctor Carlos Skidelsky es el mismo magistrado que ante los violentos episodios protagonizados por efectivos policiales en aquel trágico diciembre de 2013, incluyendo actos de saqueo, enfrentamientos armados y enorme tensión en torno de la Jefatura de Policía del Chaco, donde la investigación emprendida de oficio por los fiscales federales imputó “sedición en concurso real con el delito de incitación a la violencia colectiva”, delegó la causa al ministerio público, motivando una apelación del fiscal Patricio Sabadini. El desenlace consistió en declarar improcedente el recurso del fiscal y aportó la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones de Resistencia de la incompetencia federal y el traslado de todos los expedientes al fuero provincial, que resolverá el juzgamiento de casi un centenar de acusados.

Dos apelaciones a la Corte

El gobierno chaqueño tiene otro frente abierto con la justicia, en este caso provincial, a partir de esa reciente sentencia del Superior Tribunal que ordenó iniciar un proceso de equiparación de los sueldos de los magistrados y funcionarios provinciales con el nivel del ámbito federal, donde las distancias son muy grandes. El fiscal de Estado, Osvaldo Simoni, elevó un recurso promovido por el Poder Ejecutivo ante la Corte Suprema de Justicia que plantea la inconstitucionalidad de ese fallo.

Del mismo modo lo hizo el presidente de la Legislatura, al considerar, en síntesis, la gravedad institucional de un avasallamiento de su autonomía debido a que el mismo fallo le ordena los plazos para votar una ley y consumar esa equiparación, sin establecer nunca el origen de los fondos imprescindibles para alcanzar ese objetivo.

Darío Bacileff Ivanoff, titular de la Legislatura.

Darío Bacileff Ivanoff.

En tanto se espera el pronunciamiento del máximo tribunal del país con la certeza de que se trata del tercer caso donde el Superior Tribunal embreta al Ejecutivo chaqueño, pues todavía existe una causa pendiente de liquidación (segunda, ya que la primera debió saldarla con bonos el gobierno de Rozas) y ahora surge una escalada impagable, aún en una provincia que eroga más de 100 millones de dólares mensuales en sus obligaciones salariales, la Federación Argentina de Magistrados marcó presencia en esta capital con la visita de su presidente, el cordobés Víctor M. Vélez, al reiterar que hoy sus colegas chaqueños marchan penúltimos en un ranking de remuneraciones de los 24 distritos de toda la República y volver a colocar sobre el tapete la propuesta de un fondo nacional coparticipable como fuente de solución definitiva y equitativa de tantas diferencias, del cual se tienen pocas noticias desde el Congreso de la Nación.

Promociones en Secheep

Entre los asuntos que no le causaron beneplácito alguno durante la última semana, el gobernador volvió a recibir señales de los apremios financieros que se van agudizando en la empresa Secheep y debió autorizar una asistencia de refuerzo mensual, sin decidir nada todavía acerca del presidente del directorio, el ingeniero César Cotichelli, al cabo de hacerse pública una denuncia en su contra ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con el cargo de que se aumentó su sueldo y promovió a su esposa, que es ingeniera agrónoma y no tiene especialidad en electricidad, del mismo modo que se sumó a la modalidad arraigada en esa empresa de priorizar la incorporación de hijos y familiares.

Los portales de noticias recogieron, al respecto, que Cotichelli manifestó que no pagará ningún costo político porque todo se encuadró en un marco legal -no ético, precisamente- en tanto se sabe que sus relaciones con el ministro de Infraestructura, Marcos Verbeek, no son las más fluidas en este momento.

César Cotichelli, presidente de Secheep.

Sergio Cotichelli.

Debe recordarse que la tarifa de Secheep para los 353.453 usuarios que registra su padrón en toda la provincia debió afrontar el año pasado los avatares de una medida cautelar obtenida por el defensor del Pueblo, después se regularizó el aumento a comienzos de 2014 pero el Chaco aceptó en abril suscribir el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctrica y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la Argentina, donde canjeó el congelamiento del cuadro tarifario, volviendo a diciembre de 2013, por unos 500 millones de pesos de la Nación asignados a obras de mejoramiento de la distribución en baja, media y alta tensión. Esto obliga a que la tarifa de Secheep no pueda alterarse hasta fin de año y tuvo de devolver más de 20 millones de pesos de lo ya cobrado a su masa de usuarios.

El directorio de Secheep (reducido a Cotichelli y Knorre, a quien se ve poco) siguió ejecutando un libreto iniciado en la presidencia de Ricardo Martínez Leone (hoy de vuelta en el ENRE, en Buenos Aires) al iniciar su gestión junto a Capitanich. Entonces además de 250.983 usuarios, tenía 723 trabajadores en toda la empresa, 64 contratados, 16 pasantes universitarios y 268 por convenios con municipios, decidiéndose terminar con las tercerizaciones que aplicó la gestión radical (presidencias de Szymula, Padilla y Lomónaco, pero con el gerente general Camargo como figura clave). Se produjeron incorporaciones para que todos los servicios los prestara la empresa y se activó el papel del Sindicato de Luz y Fuerza, además de punteros políticos y otras influencias.

Hoy con todos los ingresos, la empresa redondea 1.300 trabajadores en toda la provincia.

La esposa de Cotichelli mereció cuatro ascensos hasta alcanzar el mayor nivel del escalafón, además de reclutar a dos hijas y un yerno.

La recategorización de todo el personal, como es obvio, tiene respaldo sindical pero eleva la carga salarial a unos 55 millones de pesos, cuando la recaudación, atada al congelamiento tarifario, es ligeramente inferior a la cifra indicada y se cubre con la ayuda de la tesorería.

En su momento se creó un fideicomiso de deuda de Secheep que llegaría a 476 millones a la fecha (procedente de las colocaciones en el mercado de capitales con fines de inversión), con un atraso en los pagos a la proveedora Cammesa que hizo refinanciaciones desconocidas en otros tiempos cumplidores y está transfiriendo la morosidad de ésta, como de otras empresas provinciales, al barril sin fondo del gasto público nacional.

Estos datos también son significativos: entre 2007 y 2014 la potencia máxima de demanda se incrementó un 88%, el costo mayorista de compra energética aumentó un 46% mientras que el precio de venta creció entre un 4 y 25% dependiendo del rango.

El talón de Aquiles está en la relación ingreso - gasto de personal que en el 2008 fue de un 30,8% y en el 2013 se elevó al 60,7%. Ni hablar si en el 2015, año electoral, ingresa más gente en la empresa.

No puede desconocerse que existe un plan de inversiones para mejorar toda la red de servicios y extender conexiones hacia zonas clave del interior como Castelli o Pampa del Infierno. Lo último corresponde a reforzar la conexión de la estación de Puerto Bastiani con Yacyretá en una red de alta tensión.

Sin embargo, los interrogantes del próximo verano, cuando los picos de demanda pueden volver a marcar otro récord, subsisten en forma paralela a la ingeniería financiera que exige el rescate del pasivo que puede escapar de las manos si los criterios políticos de inclusión mantienen una red de “colgados” que no pagan nada o muy poco de cuanto consumen en los asentamientos y ni hablar de lo que organismos del propio Estado consumen y no cancelan, a pesar de las remanidas compensaciones como dibujos presupuestarios.

A propósito del verano que no está lejos, el gobierno provincial confía en cumplir con un compromiso fundamental: llegar con el nuevo acueducto a Sáenz Peña, como corazón del interior y con pleno derecho a un abastecimiento sin respuesta de tantos años acumulados. ¿Está previsto cuánto incrementará la demanda energética el bombeo desde Barranqueras a lo largo de 180 kilómetros y la posterior distribución a numerosas comunidades que también esperan ansiosas la mayor obra hidráulica de la historia chaqueña?

Que las generosas promociones en favor de la familia Cotichelli no tapen el telón de fondo de un programa de salvataje financiero para la empresa energética y acaso algo parecido para Sameep, con todos los matices que significa entregar agua, para su buen aprovechamiento y no que se la despilfarre.

FUENTE Y FOTOS: Norte 

Así lo afirmó el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli para quien existen pruebas contundentes para imputar al juez y a los acreedores. Se cree que bloquearon los pagos de la Argentina para cobrar seguros de default.
  

“El accionar de los fondos buitre pone en peligro la estabilidad del mundo", dijo  Alejandro Vanoli en la conferencia de prensa en la que anunció la puesta en marcha de la investigación para determinar si estos acreedores se manejaron con información privilegiada para beneficiarse con el default. Es que, según información que se desprende de las actas de las reuniones mantenidas en sede judicial, en los Estados Unidos, Elliott Management, fondo liderado por Paul Singer tendría en su poder seguros contra default. “A la vez, surge de las minutas de una organización internacional que determina si hay default y si se activan estos seguros, que el fondo de Paul Singer habría votado afirmativamente el default en una actitud que riñe la transparencia y la ética”, explicó Vanoli.

En base a estos elementos, el propio Vanoli como titular de la CNV, amparado en las funciones que le otorga la Ley de Mercado de Capitales, dispuso el pedido de información a su par de los Estados Unidos para analizar la operatoria de bonos tanto del mercado local como internacional.

El pedido de la CNV surge de la denuncia realizada en viernes pasado por el ministro de Economía, Áxel Kicillof en la que se hace referencia a esta situación en la que “los que están provocando un default absolutamente trucho, estarían generando los mecanismos para beneficiarse por doble vía”, explicó Vanoli quien aseguró que el propio mercado dice que no existe default.

Por otro lado, en relación a, Elliott Management, Vanoli contó que las autoridades regulatorias de Francia brindaron un informe en el que se multó a Elliott por 16 millones de euros hace dos meses, por uso de información privilegiada en una operatoria con activos de la compañía que administra las autopistas francesas. “Esto no es una cuestión aislada,  es una práctica depredadora que hacen en todos los casos y en todos los países”, explicó Vanoli a la vez que dijo: “Esta es una preocupación para los reguladores globales: denunciar, sancionar y limitar estas prácticas”.

Vanoli puso de relieve que "todo esto es posible porque hace dos meses, la Argentina fue habilitada por la Organización Internacional de Comisiones de Valores para suscribir un acuerdo de intercambio de información por los altos estándares que tiene su mercado de capitales, a partir de su reforma en 2012, producto de la ley que impulsó el Gobierno".

En caso de que la denuncia prospere, podrán existir procesos penales contra los fondos buitres y contra el juez Griesa ya que este tipo de delitos. En este sentido, Vanoli consideró que "esto cambia el escenario y cuestiona severamente la actuación de Griesa”..

EL poder del lobby

La forma de actuar de los fondos buitre no se refleja solamente en esta negociación con la Argentina. Su participación en el paquete accionario de la firma Iron Mountain, dueña del depósito que se incendió y desplomó hace seis meses y que causó la muerte de nueve persona, parece ser una fiel reflejo del poder del lobby.

El fondo buitre Elliott Management, propiedad del estadounidense Paul Singer, tuvo una participación accionaria del 5% hasta 2012 en Iron Mountain. Con esa propiedad accionaria, claramente minoritaria, en 2001 pugnó para “copar el directorio” de la empresa, dijo Vanoli. Para eso, envió un documento público en el que cuestionaba la poca rentabilidad de la firma “por hacer inversiones en el resto del mundo”. “A las pocas semas de este reporte en Italia se quemó un depósito”, explicó Vanoli. Así, en 2012 logró posicionar en la dirección de la firma a Ted Antenucci y Allan Loren para "maximizar las ganancias de los accionistas".

Con Antenucci como CEO comenzó una especie de vaciamiento de la empresa para reducir costos y pagar menos impuestos. “Lo cierto es que se fueron relajando las medidas de seguridad hasta que se produce el caso de Barracas donde murieron nueve personas”, dijo Vanoli que calificó el accionar como parte de “un capitalismo depredatorio”.  “Por eso vamos a investigar hasta las últimas consecuencias a estos fondos”, dijo.


FUENTE Y FOTO: Infojus 

La Argentina entró en default por última vez en 2001. El fantasma del default sobrevuela los cielos argentinos de la mano de los fondos buitre y la American Task Force Argentina. En este video te explicamos por qué nos quieren asustar. (Realización: Emmanuel Cerino).



FUENTE, FOTO Y MULTIMEDIA: Infojus