Son pequeños productores que explotan unos terrenos durante tres generaciones en Gato Colorado. Dicen que los operativos son ilegales y apuntan contra funcionarios.
Unos 30 campesinos, militantes de la CTA Rafaela y un representante legal resistieron el noveno intento de desalojar de sus tierras a los Barberis, una familia de pequeños productores que ocupa desde hace tres generaciones terrenos de El Palmar santafesino, a unos 35 kilómetros al noroeste de Gato Colorado, en el norte provincial.
El procedimiento se realizó el domingo último, cuando ingresaron al campo unos 150 efectivos de las fuerzas de seguridad, entre ellos policías y personal de bomberos de las seccionales Vera y 9 de Julio, Guardia Rural Los Pumas, Infantería y Tropa de Operaciones Especiales procedentes de Rosario. Llegaron al lugar en patrulleros, utilitarios, camiones de asalto y ambulancias. Si bien no se utilizó, en Tostado se apostó un helicóptero sanitario.
Alrededor de 70 efectivos entraron al campo por el ingreso principal y a pie ya que durante la madrugada las familias de campesinos, que desde las 22 del sábado se encontraban en el campo, cruzaron un tractor sobre la tranquera y le quitaron una rueda para impedir el ingreso de los vehículos policiales. Luego iniciaron un operativo cerrojo sobre los caminos aledaños al campo imposibilitando la circulación, el ingreso y la salida de cualquier vehículo.
El resto de los efectivos ingresaron por el acceso trasero al campo, en utilitarios, patrulleros y camionetas y rodearon a los campesinos. Estos están agrupados dentro de la Asociación Civil de Campesinos Departamento Vera y 9 de Julio que preside Cacho Barberis (a quien intentaban desalojar) y quienes son defendidos por el abogado Iván Bordón.
Los campesinos, Bordón y militantes de la CTA cercaron la vivienda de Barberis con autos y camionetas y se ubicaron entre los vehículos y la vivienda para impedir el ingreso y resistir pacíficamente el desalojo. Fotografiaron y filmaron el procedimiento. Los efectivos, con escudos, cascos y armas formaron a diez metros de la casa y sus jefes acompañaron al juez, Federico Nicola, para informar a los campesinos que iban a llevar a cabo el desalojo.
Luego de que el juez Federico Nicola leyera la orden de desalojo, el abogado de los campesinos denunció la ilegalidad e irregularidad del operativo y señaló que la medida que se estaba tomando era ilegítima e injusta ya que viola la ley provincial 13.334 (que prohíbe los desalojos por cinco años) y que las familias de campesinos, que habían apelado la medida, defendían su legítimo derecho a la tierra e iban a hacerlo pacíficamente hasta las últimas consecuencias.
Además, Bordón señaló que los campesinos se encuentran amparados por la ley de usucapión, que otorga la posesión de la tierra a quienes la habiten por un período mayor a 20 años, y denunció que el procedimiento que pretendían concretar las fuerzas de seguridad junto al juez Nicola era ilegítimo ya que debía realizarse, de acuerdo al protocolo establecido, cuando lo determinara el juez y avisando con anterioridad a quienes vayan a ser desalojados. En este caso, el Juez dio la libertad a las fuerzas de seguridad para que establecieran ellas el día del operativo, del que la familia Barberis no fue anoticiada. De esta manera, los campesinos, mediante el abogado Bordón, apelaron la orden de desalojo y exigieron el protocolo de actuación para estas situaciones.
Bordón se refirió a las responsabilidades políticas del intento de desalojo y señaló los roles de "Gerardo Chamount, subsecretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el subsecretario de Seguridad Pública —quien diseñó el operativo— el ministro (de Seguridad) Lamberto y del gobernador, Antonio Bonfatti, quien dio el visto bueno para llevar adelante el despojo de la tierra de estas familias. Ni los operativos contra el narcotráfico tienen características como éste".
Estos operativos de desalojo como los que intentaron realizar el domingo en el campo de la familiar Barberis, se producen sistemáticamente contra las más de 60 familias de campesinos agrupadas en la Asociación Civil Campesinos Departamentos Vera y 9 de Julio. En ocasiones las fuerzas de seguridad no sólo desalojaron a los campesinos sino que también les incendiaron la vivienda y sus pertenencias para que no vuelvan a instalarse en el lugar.
FUENTE Y FOTOS: La Capital - Periodismo365