Exequiel Bejarano, uno de los militantes indígenas que se trasladó a votar desde Resistencia a La Leonesa contó su versión de los incidentes que tuvieron como protagonistas al intendente local, José Carbajal, y al dirigente massista José Sánchez, quién denunció que llegaban “paraguayos” para votar el domingo. “Vinieron a provocar los incidentes”, replicó.

Un militante justicialista de la etnia qom desmintió hoy el contenido de otro de los informes difundidos por el programa televisivo Periodismo Para Todos, que conduce Jorge Lanata, donde se identificaba a un grupo de dirigentes indígenas como “paraguayos” que fueron traídos a la Argentina para votar por el candidato a intendente por el Frente Chaco Merce Más de La Leonesa, José Carbajal. Dijo que el dirigente del Frente Renovador del Chaco, José Sánchez, junto al equipo del programa de Lanata fueron a “provocar” los incidentes. 

Consciente de que su descargo no tendrá la repercusión que tuvo la nota en la que se muestran imágenes donde el jefe comunal increpa al referente massista chaqueño, José Sánchez, en declaraciones a RADIO CIUDAD el dirigente Antonio Exequiel Bejarano pidió que se informe que, en realidad, el colectivo de la empresa Cooperativa Bermejo que llegó a La Leonesa provenía desde la ciudad de Resistencia y que no trasladaba a personas de nacionalidad "paraguaya" sino a miembros de la comunidad indígena y criollos que trabajan en la capital chaqueña pero que siguen teniendo domicilio en esa localidad del Departamento Bermejo. 

“Como en cada elección, el partido (el PJ) contrata un colectivo para que podamos ir a votar a La Leonesa los que trabajamos en Resistencia pero todavía tenemos domicilio allá”, explicó Bejarano, exdirector de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación del Chaco y uno de los principales impulsores de la ley  provincial de educación bilingüe intercultural aprobada en Chaco en 2014 luego de intensos debates. En ese contexto, reveló que “cuando llegamos, tipo 11 de la mañana, nos bajamos en la escuela y José “Pepe” Sánchez (dirigente del massismo chaqueño) estaba ahí con una chica y otras personas que por su tonada te das cuenta que no son de acá, porque la forma en la que hablan es bien característico de porteños. Y, cuando empezábamos a bajar del colectivo para ir a votar, estaban insultando a todos los que bajaban, y empezaron a gritar ‘estos son paraguayos, estos son los paraguayos de Carbajal’”.

“Entonces ahí, un hermano que es del Barrio Toba, que se llama Milar, le mostró el documento y le dijo que era aborigen, que no era paraguayo. Esa parte, el domingo cuando vi el programa estaba todo cortado, todo editado”, aseguró Bejarano. Y agregó: “cuando vi el programa el domingo, me dio mucha bronca”. 

El militante justicialista aclaró que intervino para evitar que el intendente Carbajal “se prenda” en la provocación. “Le dije: vamos José, que vamos a ganar, no te prendas en la provocación”, precisó. Y agregó: “después hubo un tumulto e intervino la policía abiertamente y las sacaron a estas dos personas”. 

“¿Qué otra cosa que provocar va a hacer Sánchez con una cámara y una chica porteña con un equipo en La Leonesa, en la puerta de la escuela? Si él quería estar como candidato tendría que estar acompañando a la gente, en la sede, ayudando con sus partidarios y no insultando y provocando para buscar una reacción en la gente”, cuestionó Bejarano. 

Las muertes de internos en unidades penitenciarias federales de todo el país, en el período que va desde el 1 de enero de 2009 hasta el 15 de junio de 2015, fue registrada por la Procuración Penitenciaria de la Nación en un informe que resulta de la aplicación del  Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión. De este documento se desprenden los 15 fallecimientos de internos en Chaco, uno en la U11 de Presidencia Roque Sáenz Peña, y 14 en la U7 de Resistencia.

El análisis estadístico clasifica a las muertes en totales y violentas; distanciándose la PPN en el caso de las segundas (homicidios, suicidios, accidentes o causas dudosas), de las categorías propias a la administración penitenciaria, y adoptando lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación.

Números que alertan

El informe registra, en las cárceles de máxima seguridad del interior del país, 15 casos en la U6 de Rawson; 14 en la U7 de Resistencia, y 3 en la U9 de Neuquén.

En el mismo período, las muertes en colonias y cárceles de mediana seguridad para hombres, se eleva a 35: 9 en la U4 de Santa Rosa; 6 en la U12 de Viedma; 3 en la U17 de Candelaria y General Güemes. Mientras que la cifra de 2 es compartida en la U15 de Río Gallegos,  U31 y U19 de Ezeiza, la U22 y la U8 de Jujuy y la U35 de Colonia Pinto.  Completan la cifra las siguientes cárceles, con un fallecimiento cada una: la U11 de Roque Sáenz Peña, la U5 de Gral. Roca, la U16 de Salta; la U34 de Campo de Mayo.

En el caso del servicio psiquiátrico para varones, se incluye el predio del hospital Borda donde se alojaban hasta mediados 2011 y luego el HPC de Ezeiza, donde se registraron 10 muertes; y en el Anexo de Ezeiza otras 5.

En cárceles de mujeres hubo 10 casos en el CPF IV y otros 2 en la U31, ambos de Ezeiza. Mientras que el CFJA para jóvenes adultos que incluye al anexo Módulo V del CPF II registró 4 muertes; y en Alcaidías judiciales, 2 en la U28 y 1 en la de Coronel Paiva.

Las causas de los fallecimientos

En porcentajes, gráfico mediante del período que va de enero de 2009 a junio de 2015, el 21% de los fallecimientos (63 casos) fueron por ahorcamiento; el 11% (31 casos) por heridas de arma blanca); y el 6% (17 casos) por incendios (quemaduras o asfixias). Mientras que el 32% de las causas (95 casos) están registradas por enfermedades varias y el 19% (55 casos), por HIV.

En un 6% (19 casos) las causas de muerte fueron por asfixia, caída de altura y muerte súbita. Y también hay registradas 4 muertes por causas no corroboradas, un 1%; y un 4% (11 casos) por muertes accidentales como atragantamiento o elctrocución. Y de manera negativa, se destacan 2 casos como consecuencia directa de la aplicación de violencia física por parte del personal penitenciario.

Un segundo gráfico, aportará los mismos datos pero acotado sólo al primer semestre de 2015. Del que se desprende que un 23% (6 casos), se corresponden a ahorcamientos; heridas de arma blanca y muertes por incendio, un 4% cada una; causas no corroboradas, un 15%; por enfermedades un 35% sumado a un 11% por HIV.

Posteriormente, otros dos gráficos registran los fallecimientos según la franja etaria y el tipo de muerte, sean o no violentas. Para el período de enero de 2009 a junio de 2015, el 95% de las muertes de jóvenes de entre 18 y 24 años fue en situaciones violentas, y sólo el 5% en condiciones normales. Para fallecidos de entre 25 y 34 años, el porcentaje es de 63% en condiciones de violencia y el resto, normales. Del rango de 35 a  44 años, el 43% falleció en situaciones violentas; de 45 a 54 años sólo un 5% en situaciones violentas y un 95% en un parámetro de normalidad. Y las muertes de personas mayores a 55 años, se dio en el 90% de los casos en situaciones de no violencia. 

Luego aparecen distribuidos los casos de fallecimiento según la situación procesal del interno/a fallecido/a. En ese sentido, desde enero de 2009 a junio de 2015, el 46% de los casos es de internos procesados (135); el 53%, de condenados y un 1% se señala como medida de seguridad.

Para el mismo período, según el tipo de defensa, el 70% de las muertes (208 casos), fueron de defendidos de la Defensoría Oficial; el 18% (53 casos) de clientes de abogados particulares, y 12% aparecen sin datos en el registro. Se aclara, para este gráfico, que “el número absoluto responde a las defensas en la cantidad de causas por las cuales se encontraban detenidas las personas fallecidas en el período analizado, lo que podría –y de hecho ocurre- suponer un número mayor al de la cantidad de víctimas”.

Preocupación por las muertes violentas

El informe de la PPN confirma una elevada tendencia de fallecimiento bajo custodia estatal y manifiesta de manera expresa una especial preocupación por las muertes violentas. “Los fallecimientos registrados durante el primer semestre de 2015 vuelven a confirmar persistencia de los valores observados desde el año 2011, los que resultan elevados respecto de los casos registrados en los períodos inmediatamente previos”, sostiene en el informe y vuelve sobre las 26 muertes registradas en sólo seis meses, las cuáles “exigen de este organismo una señal de alerta y preocupación en la materia, al permitir proyecciones semejantes a las registradas desde que comenzara la tendencia a la alza en 2012”.

Concluye también que la persistencia de cifras elevadas de muertes violentas, “registrándose once casos en el semestre”, permiten una proyección anual superior a 20 fallecimientos traumáticos, “manteniéndose en consecuencia la preocupación iniciada en el año 2011”.

El caso paradigmático es el del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza que registró, sólo en el primer semestre de 2015, siete casos de muertes, 3 de ellos violentos.

La investigación por la muerte de internos bajo custodia del SPF

El Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión que llevó adelante la PPN, creado a partir de la Resolución 69/08, y sus modificaciones, busca garantizar la investigación administrativa en torno a las causas y a las circunstancias en las que ocurren las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario. Una investigación que se lleva a cabo a partir de inspeccionar el lugar de los hechos y recabar información de familiares, allegados y otros detenidos; mediante entrevistas realizadas en “las mayores condiciones de privacidad posible”.

Indaga además en documentación judicial y administrativo- penitenciaria, y se apoya en dictámenes médicos y de profesionales de salud mental. Analiza por último la actuación judicial desplegada, para verificar las condiciones en las que se desarrolló la detención de la víctima para investigar de manera eficaz los hechos que derivaron en fallecimientos de internos. 

El registro, no sólo permite establecer las responsabilidades individuales en casos concretos, sino también identifica y visibiliza la existencia de prácticas judiciales y penitenciarias que terminan provocando, “como efecto de conjunto”, las muertes bajo custodia y su “posterior impunidad”.