UNA INSPECCION A UNA CARCEL DE CORDOBA PERMITIO SECUESTRAR ELEMENTOS USADOS PARA “ESTAQUEAR” INTERNOS.

El operativo, a cargo de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, se hizo a partir de denuncias de malos tratos. Luego, autoridades cordobesas denunciaron al fiscal.

Una inspección judicial realizada en la cárcel de San Martín, del Servicio Penitenciario de Córdoba, comprobó la existencia, en el hospital del penal, de dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos setenta centímetros cada una, elementos que –según denunciaron varios de los allí detenidos– eran utilizados por los guardias “para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas”. La información fue confirmada a Página/12 por el fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría sobre Violencia Institucional creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó. Durante la inspección fueron retiradas las cadenas y entregadas a la Fiscalía Federal de la provincia, para que tome intervención en el caso. Luego del procedimiento, que se hizo con el consentimiento de las autoridades de la unidad carcelaria, la ministra de Justicia de la provincia, Graciela Chayep, “denunció al fiscal Abel Córdoba por haber ingresado irregularmente en el penitenciario del barrio San Martín”, según un comunicado difundido por el gobierno provincial.

“Hicimos otras inspecciones en dos cárceles de Mendoza y en el Chaco, pero aunque también recibimos denuncias graves, no encontramos los elementos de tortura, como en el caso de Córdoba. Nosotros tenemos, como fiscales, el derecho y la obligación de realizar estas inspecciones judiciales, que no son simples visitas guiadas. Y la gravedad de lo que encontramos en Córdoba es indudable hoy, en 2013, como lo sería en 1813”, resaltó el fiscal Abel Córdoba, en referencia a la Asamblea General Constituyente de 1813, que abolió la tortura. Como consecuencia de la reacción que tuvo el gobierno cordobés frente a lo que consideró “un hecho más de patoterismo y de desconocimiento de la ley” por parte de la Nación, al fiscal Córdoba se le impidió el acceso al penal de Bouwer, en la misma provincia, que acumula denuncias por torturas a detenidos (ver aparte).

“Nosotros actuamos dentro de lo que son los derechos y las obligaciones de los fiscales que actuamos para prevenir la violencia en instituciones de encierro y la violencia policial”, sostuvo Córdoba, en diálogo con este diario, a la vez que aclaró que para ingresar a una cárcel, para hacer una inspección, no necesitan de una orden de allanamiento. Por mandato de la ministra Chayep, el director del penal de San Martín, alcalde mayor Rubén Ceferino Ochoa, presentó una denuncia contra Córdoba ante la Fiscalía de Instrucción de la provincia, a cargo de Raúl Garzón. Uno de los argumentos es que el fiscal nacional “no exhibió la orden de allanamiento”.

Córdoba explicó que desde la creación de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, en marzo pasado, han realizado inspecciones judiciales en las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe, en Mendoza, y en la unidad del Servicio Penitenciario Federal en el Chaco. Informó que en Mendoza encontraron “situaciones graves que nos llevaron a presentar siete hábeas corpus, a partir de los cuales hay pabellones que han sido clausurados” y que también recibieron denuncias en la cárcel del Chaco. “Nuestro trabajo consiste, básicamente, en recorrer los pabellones y entrevistar a los detenidos para que nos expresen la situación en que se encuentran y para que nos hagan las denuncias que crean pertinentes.”

“En la cárcel de San Martín recibimos los testimonios de muchísimos detenidos que con mucho temor nos contaron sus padecimientos y nos hablaron del método que se aplica allí y que es el más temido por ellos”, aseguró el fiscal Córdoba. “Cuando protestan por alguna razón o hacen planteos ante los guardias, son golpeados y los llevan arrastrando hasta el hospital del penal, donde los amarran con cadenas a camastros de hierro. Allí, una vez estaqueados, son sedados o dopados. Pasan muchas horas en esa condición y sufren problemas por ahogo, e incluso llegan a hacer sus necesidades encima.”

Luego de reunir varios testimonios coincidentes, el procurador pidió visitar el hospital del penal. “Una vez allí encontramos dos camastros de hierro, atornillados al piso, que tenían muestras de haber sido usados en forma reciente.” Mencionó como ejemplo que encontraron “un recipiente con orina” que estaba al lado de uno de esos camastros. Los responsables de la inspección preguntaron a los guardias cuál era el uso de esas camas y les respondieron que eran “para contener a los detenidos que se autoagredían”.

Córdoba relató a Página/12 que luego de una serie de consultas, llegaron al punto de hablar de las cadenas con las que los detenidos, según sus propias denuncias, eran amarrados. “Los guardias nos llevaron hasta el lugar donde guardaban las 17 cadenas, de setenta centímetros cada una, las que estaban ocultas detrás del mostrador que está en el ingreso al hospital y que se encontraban a la más absoluta disposición de los guardias.” Córdoba afirmó que las cadenas “nos fueron entregadas por el director del penal, quien nos permitió que las lleváramos con nosotros”.

Cuando se le preguntó acerca de la actitud asumida por el titular de la unidad carcelaria, Córdoba precisó que “notamos cierta preocupación en él, pero en ningún momento mostró oposición alguna”. La inspección se hizo el martes y duró ocho horas. Cuando los funcionarios nacionales se retiraban, el director del penal les pidió que firmaran un recibo para dejar constancia del material que se estaban llevando. “Dejamos constancia que como miembros de la procuraduría que busca prevenir casos de tortura, teníamos facultades para llevarnos esos elementos.”

El fiscal y sus colaboradores sufrieron “alguna demora” para que los dejaran salir de la unidad, una vez terminada su tarea. La cárcel tiene una población de 700 detenidos. Se llevaron otras denuncias sobre “golpizas, requisas violentas o mala alimentación, situaciones que no son ajenas a las que suceden en los otros tres lugares que hemos visitado y a las cárceles en general”. El miércoles, cuando intentaron hacer una inspección similar en el penal de Bouwer, se les impidió el acceso por orden de las autoridades gubernamentales.

Ante esa situación, presentaron un recurso de apelación ante el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, quien en el 2010 hizo una investigación sobre denuncias por malos tratos y torturas ocurridas en el penal de San Martín, ubicado en la ciudad de Córdoba. Al mismo tiempo, entregaron las cadenas y están preparando una denuncia, para que los fiscales federales de Córdoba investiguen los malos tratos denunciados por los presos de la cárcel de San Martín. “Nosotros actuamos para prevenir la tortura y para hacer entender que gobernar una cárcel no significa aplicar métodos medievales y bárbaros como los denunciados.”

Diarios de Córdoba confirmaron ayer “la existencia de cadenas y esposas” en el hospital del penal. Sobre la reacción de la ministra Chayep, el fiscal Córdoba señaló que “es imposible defender a una institución que tortura o preocuparse por maquillar al monstruo en lugar de defender el derecho de los ciudadanos cordobeses”.


FUENTE: Página/12 

El país asiático abrió una licitación de la que participarán además los Estados Unidos y Tailandia.

Irak abrió una licitación para comprar al menos 30.000 toneladas de arroz con origen en Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Tailandia, anunció el jueves el ministro de Comercio. La fecha final para la oferta es el 19 de mayo.
Según publicó Región Norte Grande, Irak es uno de los mayores importadores de arroz del mundo, que usa en gran parte para abastecer un programa nacional de raciones.


FUENTE: Infocampo 

Trabajadores del campo hallaron el misterioso cuerpo celeste que provocó pánico en varias provincias del Norte.

Una roca que sería parte de un meteorito fue hallada en un campo cercano a la localidad  santiagueña de El Bobadal y los científicos investigan si se trató del bólido que el pasado 21 de abril iluminó la noche de varias provincias del norte del país.    
Si bien todo indica que la piedra de unos 50 centímetros es un objeto estelar, las dudas en torno a su origen surgen a partir de  que el lugar en el que fue hallado comprende el llamado "Campo del Cielo" una región entre Santiago del Estero y Chaco donde, a causa de una lluvia de meteoritos que se produjo hace unos cuatro mil años, suelen encontrarse ese tipo de objetos.    
El hallazgo se produjo en un campo llamado La Galesa, cuando el conductor de un tractor notó que el vehículo se atascó con un  objeto duro, por lo que descendió del vehículo.    
Enseguida, notó que el choque se había producido contra una  extraña roca, en una zona donde no existen elementos pétreos, que  se había partido en cuatro partes al ser aplastada por el tractor.
El hombre le entregó uno de los trozos al ingeniero agrónomo  José Sarmiento, encargado del campo, quien a su vez decidió  trasladar la piedra a la ciudad de San Miguel de Tucumán, a unos  80 kilómetros del campo.     
En esa ciudad, expertos le dijeron que se trataba de un  meteorito y por tratarse de propiedades del Estado, informaron a las autoridades.
El profesional entregó la piedra hallada a la Policía local,  cuyos agentes, junto con expertos de la Provincia, se iban a ser  presentes en el campo, para profundizar las investigaciones.    
En la madrugada del domingo 21 de abril pasado, una enorme bola de fuego pudo ser vista en  Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Corrientes, Córdoba, Catamarca, La Rioja y Salta.   
En varias localidades de Santiago del Estero, el objeto  provocó, por algunos instantes, una brillante luz diurna, que  inquietó a los habitantes que pudieron apreciarla. 


FUENTE: Diario Veloz  

Después de la reunión de Guillermo Moreno con referentes del mercado de cambios, la divisa en el mercado paralelo cerró a $10,03, luego de tocar un piso de $9,60. El tipo de cambio oficial continuó estable a $5,22. La brecha cayó del 100% al 92,1%.

Con pocas operaciones, el dólar libre se hundió 42 centavos o 4 por ciento. Recortó todo lo que subió en la jornada del miércoles -cuando cerró a $10,45- y regresó al nivel de los 10 pesos en el mercado paralelo, para cerrar a 10,03 pesos.

El dólar oficial cotizó a $5,22 y la brecha cambiaria bajó de los 100% y se ubicó en un 92,1 por ciento. 

A contramano, los operadores esperaban que la moneda continuara con su carrera alcista, debido a la probabilidad de que aquellas personas que necesiten "blanquear" pesos se vuelquen al mercado paralelo con el objetivo de conseguir los dólares para el nuevo bono. Pero el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pidió a los cambistas un dólar paralelo a 6,50 pesos. 

El funcionario se entrevistó con Alfredo Piano, director de Banco Piano, y Federico Tomasevich, titular de la agencia de inversiones Puente SA, a quienes les pidió una baja en el precio del billete norteamericano a $6,50 en el circuito paralelo, en momentos en que ingresaba al Congreso el proyecto de ley de blanqueo de capitales. El titular de la entidad financiera contó que el secretario lo llama "cuatro veces por día para saber si hay dificultades" con la divisa.

Los funcionarios del área económica explicaron la medida en el Congreso, y se esperan conocer más detalles sobre el bono, el CEDIN y un pagaré en dólares. El equipo estuvo conformado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; su segundo, Axel Kicillof; la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; y Moreno. 

Aunque en la última conferencia de prensa el secretario de Comercio Interior minimizó el mercado informal del dólar, economistas consultados por Infobae se muestran preocupados por el impacto de la suba en la economía. Una baja en las inversiones, retracción del consumo y mayor incertidumbre en el mercado inmobiliario predominan en este contexto, con pymes más atraídas por la inversión financiera que la real.


FUENTE: Infobae