22 Octubre 2016

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Miércoles, 15 de Enero de 2014 04:28

CORRUPCIÓN POLICIAL E INSEGURIDAD: BRASAS CANDENTES EN LAS MANOS DE LA NUEVA MINISTRA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DEL CHACO

por  Periodismo365

La abogada y diputada María Lidia Cáceres asumió hace horas en el cargo de ministra de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia del Chaco. El mismísimo gobernador destacó que por primera vez en la vida institucional de la provincia del Chaco,  "una mujer ocupa el cargo de ministra de Gobierno y Justicia, en esta cartera que es uno de los ministerios más importante que tiene este gobierno. Quizás una voz femenina con mucha autoridad, criterio, templanza y mucha firmeza nos va traer un aire fresco a este gabinete y nos va a servir para trabajar por lo que más quiere la gente que es seguridad, trabajo y tranquilidad" señaló el gobernador del Chaco".

INSEGURIDAD EXTREMA

Sin embargo,  la ministra oriunda de General San Martín deberá navegar en las aguas agitadas de una sociedad civil hiper sensibilizada,  azotada por una ola de robos y hechos delictivos sin precedentes que amenazan alcanzar niveles epidémicos en el muy corto plazo, donde solamente en el centrochaqueño y en el término de 15 dias  la delincuencia perpetró atracos por más de un millón de pesos a diferentes comercios y particulares,  sin resultados positivos en el esclarecimiento de los mismos hasta la fecha. Esta coyuntura ha provocado en la población un alto nivel de descreimiento y decepción no solamente con el trabajo policial sino también con el trabajo investigativo de la Justicia;  ya que el tiempo transcurre y es notablemente bajo el porcentaje de delitos importantes que logran esclarecerse.

ALCAIDÍA Y COMISARÍAS COLAPSADAS

Paralelamente, se agudiza la situación de colapso en las alcaidías y comisarías del interior, al punto tal que las autoridades del Complejo Penitenciario de Sáenz Peña, hace más de un mes solicitaron por Oficio a la Justicia,  que no envíen más detenidos porque están trabajando al límite de su capacidad con más de 470 internos en una unidad carcelaria para alojar a 500 presos;  y por esa cuestión ya existen restricciones a los requerimientos de comisarías del interior.

El cuadro se complica aún más porque las comisarías jurisdiccionales tampoco están en condiciones de recibir más presos y el Complejo Penitenciario Provincial aloja solamente hombres,  ya que no hay lugar para mujeres y mucho menos menores.  En esas circunstancias las detenidas son derivadas a Resistencia u otro destino y los menores delincuentes,  generalmente vuelven a la tutela de sus progenitores.

Esta difícil perspectiva podría tener visos de solución cuando finalicen las obras de refacción y ampliación de la Alcaidía de Resistencia, ya que los privados de la libertad oriundos de la capital provincial y zonas aledañas volverían a esa unidad carcelaria, aliviando así la situación de colapso en Sáenz Peña.


 

CORRUPCIÓN POLICIAL Y PENITENCIARIA

Aunque no existen pruebas pero sí indicios firmes, se multiplican los escándalos mayúsculos con funcionarios policiales sospechados de quedarse con "vueltos", el desmanejo de los famosos "valerios" o vales de combustible que históricamente han sido el botín de guerra de muchos comisarios, la ineficiencia de algunos jefes a la hora de dilucidar los grandes atracos, las pocas ganas de trabajar de algunos integrantes de la Fuerza, sumados a la presunta complicidad de funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial con presos de alta peligrosidad y abultada billetera que se evadieron y hasta el momento no aparecen,  mientras se esfuman las posibilidades de recapturarlos.

Este sombrío panorama hace presuponer y conjeturar que el gobernador Bacileff Ivanoff podría estar en lo cierto cuando dijo a medios nacionales que "el 60% de los cadetes tenía un extenso y frondoso prontuario delictivo". No obstante,  cabe destacar el trabajo constante en la prevención y la predisposición de los buenos policías hacia la comunidad.

Claro que no va a ser fácil encarrilar el largo tren de supuestas irregularidades, tarea que deberá ir acompañada de políticas que apunten a la adquisición de un equipamiento acorde a los tiempos que vivimos. Las imágenes de empleados penitenciarios custodiando a presos de extrema peligrosidad con palos de escobas y cascotes en el Complejo Penitenciario Provincial de Sáenz Peña durante el motín de enero del 2013, recorrieron todo el mundo y nos hicieron involucionar hacia finales del siglo 17, tranformando el trabajo de los carceleros en una hazaña épica.

Aún así el poder político no hizo una buena lectura de la situación y no aprendió la lección,  porque las cosas siguen igual o peor. Transcurrió un año de la revuelta y el personal sigue desarmado, los puestos de guardia no poseen radios tipo handy ni reflectores en las garitas para alumbrar el perímetro, y mucho menos armamentos acordes a las necesidades de todo Complejo Carcelario moderno, problemática que quedó en evidencia tras la fuga de presos hace pocos dias.

Estos son solamente algunos de los contrastes que en materia de seguridad el ciudadano común aspira a que se solucionen, y para despejar dudas espera de sus gobernantes un shock de confianza más temprano que tarde.

Rodolfo Armando Acosta - Periodismo365             Archivos: Infojus - Norte             Imágenes Ilustración

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