Las ambulancias eran desguazadas, enviadas a remate y luego rearmadas por personas que previamente compraron las piezas faltantes. Foto: Centro Mandela.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) presentó una denuncia penal por presunta defraudación al Estado contra cuatro personas a quienes se las acusa de formar parte de una organización que se dedicaba al desguace de ambulancias de Salud Pública que luego eran enviadas a remate y finalmente rearmadas por los eventuales compradores quienes ya tenían en su poder las piezas previamente robadas.

A través de la resolución 1873, fechada el 25 de septiembre pasado, el fiscal General, Heitor Lago, ordenó radicar una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado contra el mecanico y proveedor del Estado, Juan Antonio Horñiacek; la proveedora del Estado, Mirian Belkis Liva; el ex Director de Ingeniería Hospitalaria, Diego Fernández y la jefa de Departamento y Movilidad de la Dirección de Ingeniería Hospitalaria, María López.

Lago llegó a esta conclusión tras hacerse eco de una denuncia presentada por el Centro de Estudios “Nelson Mandela” en la cual se aludía a maniobras fraudulentas en perjuicio del patrimonio del Ministerio de Salud Pública realizadas mediante el desguace previo de unidades móviles del Ministerio con destino a remate público.

En la presentación del Centro Mandela se afirmaba que la sustracción de motores, inyectores y semiejes, entre otros, cuyos faltantes estarían en posesión de los futuros compradores del remate previsto el 22 de octubre de 2014, se habría realizado “con conocimiento de las máximas autoridades de la Dirección de Ingeniería Hospitalaria del Ministerio de Salud Pública en connivencia con el mecánico Horñiacek”.

Tras analizar las pruebas documentales y las declaraciones vertidas en la causa, Lago sostuvo que todo pone en evidencia “el manejo discrecional e irregular del entonces director de Ingeniería Hospitalaria, Diego Fernández, en el manejo y aún disposición final de los vehículos y sus partes, así como la falta de antecedentes antecedentes técnicos previos que concluyan sobre la inutilidad de los mismos”.

Asimismo, se constató “el desguace, previo a la subasta, de los vehículos”, además de la “ausencia de control de conservación y mantenimiento de los rodados, y la entrega de los mismos “en forma directa al taller del señor Horñiacek” donde “se sacaban las partes de los vehículos”. También se constató “la facturación de repuestos por parte de la mujer o ex mujer del mismo, María Belkis Liva”.

El fiscal también advierte que resulta evidente la ausencia de la Contaduría General, la ausencia de verificaciones periódicas de los vehículos, la prohibición de retirar piezas y accesorios y el incumplimiento por parte de la Comisión Técnica Patrimonial a la hora de controlar los bienes del Estado. Lago remarcó en este sentido que no todos los vehículos deben ser subastados teniendo en cuenta la faltante de los mismos en localidades del interior provincial, “pudiendo arbitrar los mecanismos de entrega a cuenta de precio para la adquisición de unidades nuevas”.

La organización

En su denuncia, el Centro Mandela informó de la existencia de una organización delictiva cuyo objetivo eran las unidades de movilidad del Ministerio de Salud, con epicentro en ambulancias, “algunas en condiciones de ser utilizadas y claramente faltantes en áreas estratégicas donde deberían prestar servicios de traslados de pacientes que cursan situaciones de urgencias y emergencias sanitarias, sobre todo los que cursaron riesgos de vidas”.

“Como en ocasiones anteriores, y en otros tantos estamentos del Estado, las acciones que perjudicarían el patrimonio provincial comprometen las estructuras internas del sector público. Se le señaló al Ministro el posible conocimiento de las máximas autoridades de la Dirección de Ingeniería Hospitalaria del Ministerio de Salud en relación un nutrido parque de ambulancias que fueron sistemática y mayoritariamente ‘reparadas’ en un taller mecánico de la ciudad de Resistencia, aunque los casos menores fueron derivados a otros dos provedoores de menor cuantía, como para aparentar diversidad de prestaciones. Se destacó que ingenieria no podía desconocer que las ambulancias que se pretendían subastar no eran bienes en desuso”, indicó.

Las ambulancias eran desguazadas, enviadas a remate y luego rearmadas por personas que previamente compraron las piezas faltantes. Foto: Centro Mandela.

El Centro Mandela recordó que “en 2012 un mecánico comenzó a prestar servicios de reparación de los automotores del Ministerio de Salud Pública. El dueño del taller fue prácticamente el único que realizó reparaciones de los vehículos del Ministerio de Salud. Ambulancias de toda la provincia terminaron en ese lugar. Según los testimonios recabados, sería fácilmente comprobable que desde el año 2012 el mecánico es un fuerte proveedor del Ministerio de Salud”.

“Facturó casi 2 millones de pesos desde que repara ambulancias para el Ministerio, a un promedio superior a los 30 mil pesos mensuales, con picos de facturación de casi 70 mil pesos. El dueño del taller mecánico no tiene un solo empleado declarado, lo que contradice su abultada facturación y las pautas legales que entablan las exigencias de regularización tributaria y laboral de los proveedores de Estado, que es una matríz repetida en esta provincia, que tiene un sistema sumamente anárquico de compra de bienes y de servicios, sin mecanismos de controles transparentes, por lo que no escapa los efectos de la corrupción”, sostuvo.

“En la subasta del 22 de octubre Salud Pública aportó la mayor cantidad del parque automotor que estaba disponible en el remate, superando a los restantes organismos del Estado. Hasta el momento en que fuera presentada la denuncia administrativa, el Decreto 1760/14 -que autorizó el remate- no fue publicado en la página oficial del Gobierno del Chaco”, afirmó.

Sin motores

“La mayoría de las unidades más modernas a subastar no tenian instalados sus motores y otros componentes, lo que permitía aparentar que estaban en desuso, mientras que las más antiguas y deterioradas –que efectivamente estaban en desuso- se presentaban con todas sus partes”, explicó.

“La reparación de las ambulancias parecería ser que no ha sido la única vía para ganar dinero. Los testimonios recogidos indican que en el remate público que se organizó el 22 de octubre pasado se presentarían oferentes que comprarían unidades estrechamente vinculadas con la operatoria para hacerse de los rodados bajo mecanismos eventualmente irregulares. Tratarían de usufructuar parte del listado de vehículos que se subastarían, comprando aquellos que resultaban de especial interés en función de las piezas y componentes que ya estarían en poder del o de los compradores o de personas vinculadas”, sostuvo.

Las ambulancias eran desguazadas, enviadas a remate y luego rearmadas por personas que previamente compraron las piezas faltantes. Foto: Centro Mandela.
“Entre los elementos valiosos que se habrían extraído a los vehículos a subastar se apuntó a las autopartes más costosas, como inyectores, semiejes, cremalleras y computadoras para los modelos más nuevos (ejemplo: Renault Master Año 2007), para lograr -de ese modo- reducir el precio base y el que se lograría en la subasta. Luego de la compra, tales unidades podrían ser rearmadas con los elementos que habrían sido sustraídos. Bajo esta mecánica se ofrecían dos pick up Ford F 100 y un Mercedes Benz Sprinter, por 3 mil pesos de base, casi como si fueran chatarra”, denunció.