Por José Daniel Falcón (*)
En la actualidad podemos observar en distintos medios de prensa (diarios, portales digitales, televisión, etc.) a través de enunciados que nos impactan en lo concerniente a la violencia en distintas circunstancias, delictuosas: “Matan salvajemente a una mujer en su casa…” “Maniataron y amordazaron a una anciana en asalto…”, en conflictos sociales: “Castelli padeció graves choques entre piqueteros criollos y aborígenes con la policía…”, reclamos: “Familiares de internos advierten …habrá un motín más sangriento…”, e inclusive las agresiones de carácter verbal de políticos, funcionarios , hasta gobernantes: “…En el gobierno falta de autoridad por eso vivimos en una absoluta anarquía…”, llegando a mayores extremos: “…Paranà: Vengadores anónimos enfrentan a delincuentes …“. Sin el afán de imprimir culpas sectorizadas y tratando de consensuar una actitud reflexiva, debemos reconocer que el clima de irritabilidad parece invadirnos, a los que victimizan, a los que resultan víctimas, a los que actúan en los sucesos, a los que opinan, etc., como una epidemia que envuelve a la sociedad y torna un aire irrespirable en las relaciones mutuas. Podemos desentrañar la consabida frase de la “pérdida de valores”, y en esto hay un valor moral por excelencia reconocido en todos los pueblos y culturas con una universalidad mayor que la de cualquier otro valor, es el de la justicia y su inobservancia en distintos órdenes, conlleva a las consecuencias expresadas. La ruptura actual de los límites morales se está manifestando en la violencia urbana, en la desintegración moral, en la violencia escolar, como lo anuncian numerosas crónicas policiales y dramas cotidianos. No obstante ello, hay definiciones que rodean a la Seguridad, en estas, una vez más, hay que recordar que, en las sociedades democráticas, la seguridad de los ciudadanos es un derecho constitucional y su garantía una de las principales responsabilidades del Estado y del Gobierno, situación que hace necesaria una permanente dedicación y adecuación a las demandas y cambios requeridos por la propia sociedad, teniendo en cuenta además que, en la actualidad, se torna especialmente compleja para la Seguridad Ciudadana por los efectos negativos derivados del proceso de globalización. La Seguridad Pública, cuyo marco de referencia y desarrollo deriva, en general, de un mandato constitucional, y se desarrolla a través de las leyes y decretos que emanan del Estado, es en esta trama donde la conclusión obvia de cualquier habitante de una sociedad donde el imperio de la Ley se muestre como un orden de imposible cumplimiento, es que solamente el camino de la fuerza aparece como el método idóneo para defender sus intereses más elementales. Se verifican incrementos de criminalidad, del temor ciudadano y también en todos los niveles la percepción de impunidad y corrupción, lo que aumenta la sensación de inseguridad y genera una violencia interna que puede llegar a ser desplegada hacia los demás.
Podemos sumar que hoy tal vez vivimos en un estado de conmoción ante situaciones que se generan con instituciones del Estado: a) La inseguridad también se construye cuando la ley no se percibe vigente, debido a la impunidad (se verifica ello en constantes relatos de investigaciones de corrupción, lavado de dinero, etc.), por estimarse justamente en una deducción violenta que “no va a pasar nada” sobre todo en los sectores vinculados al poder, o se puede llegar a dar lo que manifiestan algunos ciudadanos en relación a la puerta giratoria, de entrada y rápida salida; b)La calidad, efectividad y eficiencia de los servicios de justicia, parecieran no poder contener las exigencias del momento (sino, unicamente capaz de intervenir en delincuencia tradicional, pero no en casos de mayor complejidad, causando ello una crítica que denigra, y vilipendia a su sistema de justicia; c) En otro orden el cuerpo policial denota una limitada capacidad, por lo que su enfrentamiento ante la criminalidad, no podrá darse solamente con su estructura (Recursos humanos y materiales), sino en actividades conjuntas con entidades gubernamentales, no gubernamentales y ciudadanía en general.
Es aquí donde se debería esgrimir “Políticas de seguridad” que atiendan la posibilidad de
actuar y contrarrestar los efectos de los puntos que hacen elevar la magnitud del problema, con precisiones claras pero a la vez imperativas que diluyan el marco referencial violento que hoy se sustenta en nuestra sociedad, de haberlas, verificarlas y optimizarlas ya que los vaivenes en la seguridad hacen que se extreme al máximo el dinamismo en su construcción y por supuesto bajo la lupa de la realidad y la sinceridad de sus datos .
Se había esquematizado en otra nota periodística, que la construcción de las respuestas (Políticas) que debiera devenir estatalmente, se deben centrar en dos etapas;
1º) Una que estipule planes y medidas de emergencia y contingencia, que provea la rapidez decisoria que se debe atender en cuestiones de seguridad, la que se debería determinar como de corto plazo (la necesidad de la sociedad lo hace urgente);
2º) Otra que instrumente la proyección estratégica, planteando la fijación de programas y proyectos, esta con una visión que contemple la evolución en largo plazo, con todos los actores: Institucionales, no gubernamentales, ciudadanía, (co-responsabilidad en la gestión) permitiendo en su trayecto, por supuesto, todos los requerimientos necesarios, como así modificaciones que puedan entrañar por la evaluación constante que exige la dinámica del Problema de seguridad.
Me permito transcribir una frase que sintetiza lo enunciado precedentemente: “…La carencia de un Plan que, en el Corto Plazo de respuesta favorable al ciudadano y en el Largo Plazo revierta la situación social reinante, obstaculizará directa o indirectamente la adecuada aplicación del Plan de Seguridad Pública…”.
La instrumentación y aplicación apropiada seguramente, en su trayecto, proporcionará los factores que ayuden a la reducción de la violencia hoy reinante en nuestra sociedad.
Comisario Mayor ® Pol. Chaco
Secretario CMSP –Saenz Peña-
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