La información elaborada por la justicia contiene un 156% más de delitos denunciados que los registrados por la policía, tomando como base el promedio de los hechos delictuosos de 2011 y 2012. Este dato no es menor porque puso aún más en evidencia el pésimo funcionamiento del sistema de seguridad pública y al descubierto uno de los grandes defectos de la gestión Capitanich, que toma como válida la información parcializada brindada por la policía, ponderándola exageradamente y distribuyéndola a la opinión pública a través de la propaganda y de la publicidad oficial.
Mientras tanto, en los últimos años aumentó extraordinariamente el número de hechos delictivos. Es así que según el poder judicial en el 2011 se registraron 56.897 delitos y en 2012 se produjo un pico de 66.628 hechos, a nivel global en el total provincial, alcanzándose el record en la tasa de delitos con 631,5 por cada 10.000 habitantes. La variación interanual fue del 17% y el promedio de denuncias diarias fue de 182 hechos en 2012, sin considerar las cifras negras de la criminalidad y la victimización familiar.
Contrariamente, la policía informó que en la provincia durante el 2011 se produjeron 22.393 delitos y 25.925 en el 2012, que hasta fueron inferiores al total de hechos que se produjeron en el área metropolitana en tales años. Solamente este dato constituye un ejemplo cabal de la magnitud de los errores de las estadísticas de la policía. En próxima entrega ampliaremos las estadísticas criminales de los dos conglomerados con mayor número de habitantes de la provincia (Gran Resistencia y Sáenz Peña), con un análisis de las posibles causas del extraordinario aumento en el nivel de delitos.
Fallas de integración y de unificación del sistema de estadísticas criminales
En el sistema penal chaqueño interactúan tres componentes básicos, que son la policía administrativa que actúa como auxiliar de la justicia, el fuero penal del poder judicial y el servicio penitenciario. En este esquema tradicional, para que el sistema funcione eficientemente y se cumplan los objetivos institucionales, las partes deben interrelacionarse y la información producida debe integrarse y unificarse de manera que fluya sin limitaciones y sea accesible al mismo tiempo.
Pero esto último no ocurre en la práctica porque los tres componentes funcionan como compartimientos estancos, sin integración de la información criminal oficial, lo cual es inadmisible para la actual etapa de notable avances de las tecnologías de la información y el funcionamiento de redes informáticas. El desarrollo de software propio en cada organización impidió la implementación de un sistema único e integrado de estadísticas criminales que permitiera registrar todas las etapas del proceso.
Cada una de las partes define su propio sistema de información, con características propias en la registración, compilación y reportes. En este esquema, la policía continúa funcionando en forma autónoma, sin tomar en cuenta las denuncias de hechos delictuosos que -en número cada vez mayor- ingresan directamente al fuero penal, sin pasar por las comisarías y demás unidades policiales. De esta forma surge el sub-registro de hechos delictuosos, el procesamiento y los reportes incompletos que se utilizan para el diseño y evaluación de los planes operativos policiales y de las políticas públicas de seguridad, que evidentemente se realizan sobre la base de premisas erróneas o falsas.
El pendiente proceso de unificación e integración de las estadísticas criminales en el sistema penal debería comprender, entre otros aspectos, la aplicación de un criterio único para el diseño de los campos del registro, de la asignación temporal y espacial de los hechos, del modo de conteo de los delitos y del nivel de desagregación de la información. Se debería establecer la unificación de la división territorial, de modo tal que no existan diferencias como en la actualidad entre las circunscripciones judiciales y las zonas policiales, lo que impide el cruzamiento de datos e información.
También se debería implementar la geo-referenciación de los hechos delictuosos a los fines del mapeo digital, que permitiría identificar con precisión zonas calientes, puntos críticos, proyección de delitos, integración de información criminal por diversas capas y un sinnúmero de opciones que ofrecen hoy las tecnologías disponibles. Por cierto que el atraso en este campo es enorme y habría que poner a trabajar a equipos técnicos multidisciplinarios del estado, no solamente de la policía, del servicio penitenciario y del poder judicial, convocándose a los sectores extra-estatal para tratar de acortar el valioso tiempo perdido de tantos años de relación interinstitucional que no supo construir un sistema de estadísticas criminales integrado y confiable.
Inescrupulosa negación para generar aplausos
Pasaron varios días de nuestro primer informe y la notable diferencia de hechos registrados según las estadísticas policiales y las judiciales no fue objeto de atención, de consideración ni de ningún tipo de pronunciamiento o respuesta por parte del gobierno, a pesar de las evidencias que demuestran los errores o falsedades de la información parcial entregada por la jefatura de policía en materia de delitos. El gobierno recurrió a un silencio sonoro sobre este tema y repitió la conducta de continuar con los discursos y mensajes vacíos de objetividad, hasta publicitar un supuesto plan estratégico de seguridad que no es tal, difundido por oportunismo electoral y para tratar de responder a los numerosos y justos reclamos sociales en materia de inseguridad.
El contenido del plan fue elaborado precipitadamente por un policía en actividad, pocos días antes de los anuncios, desvirtuándose -de ese modo- todos los postulados de la ley de seguridad democrática. Este policía tiene una buena formación, pero no trabajó en equipo porque los cuadros policiales están diezmados y la información que se le proporcionara no fue completa, con lo cual queda demostrado que no existe un desarrollo de la política de seguridad porque se depende de un solo hombre que, además, no debió realizar tal trabajo porque -según la ley de seguridad democrática- la conducción estratégica de la policía quedó en manos de la secretaría de seguridad, que en nada participó en la elaboración del plan, de manera que tampoco se produjeron aportes desde los sectores institucional, político, técnico, intelectual y de conocimiento ajenos a la policía. O sea que nuevamente "policializamos" un supuesto plan estratégico de seguridad, lo que es una repetición del pasado.
Cuando redactamos el primer documento de esta serie suponíamos que el gobierno había actuado de buena fe. Sospechábamos que no fueron correctamente informados por los jefes de policías que pasaron por la actual gestión. Respetamos el beneficio de la duda porque conjeturábamos que los máximos funcionarios políticos habían sido mal aconsejados, inducidos al error o engañados.
Sin embargo, el cerrado silencio del gobierno, el discurso de Capitanich el pasado miércoles 9 de septiembre y las recientes desafortunadas declaraciones del ministro de gobierno en una radio local arremetiendo contra el Centro Mandela, indican que es muy probable que no hayan sido engañados ni mal aconsejados. Quienes gobiernan han tenido tiempo suficiente, a partir de la publicación de las estadísticas judiciales, para corroborar que la información brindada por la policía ha sido claramente parcial, errónea o falsa, por lo que no merece ninguna credibilidad. A partir de allí, la opinión pública tiene el indiscutible derecho de recibir una aclaración desde el máximo nivel político para rectificar toda la información que proporcionara en materia de delitos en el curso de los últimos años porque el gobierno tiene el deber de brindar tales aclaraciones dado que su obligación es generar certeza con la información que distribuye de manera institucional (oficial).
Sin embargo, se guarda un cerrado silencio sobre este tema tan delicado a pesar de que también quedó al descubierto que fueron erróneos o falsos los "reportes de gobierno", por lo que debe entenderse que ha habido una manipulación o fraude a la confianza de la comunidad. De este modo pareciera ser que el gobierno utilizó la estrategia de la negación plausible (plausible deniability), muy usada en los países anglosajones para generar o diluir conflictos, con el único propósito de ser aplaudido con noticias supuestamente benignas o positivas, a pesar de que no lo fueran. Solamente así es posible entender los sucesivos reportes, erróneos y falsos, de este gobierno en materia de estadísticas criminales. Consciente o inconscientemente fue el mecanismo elegido para "vender" buenas noticias inexistentes y para tratar de ocultar la creciente inseguridad pública. Es como que el gobierno resolvió deshacerse y desentenderse del problema de la inseguridad repitiendo los ocultamientos, errores o falseamientos elaborados por la policía, con lo cual no se puede negar su gran responsabilidad institucional y política frente al grave problema de la inseguridad.