Por Rolando Núñez (*)

La inseguridad es un resultado que puede analizarse, comprenderse y resolverse. El análisis de la frecuencia de hechos delictuosos, en base a causas penales informadas por el poder judicial, arrojó resultados sorprendentes y alarmantes, que contrastan con las estadísticas delictivas con que se maneja el Poder Ejecutivo, sobre la base de la información procesada por la Policía provincial, a partir de las denuncias que se realizan en las comisarías y en las restantes unidades de dicha institución.

En los dos últimos años (2011 y 2012) el promedio de hechos delictivos procesados por el Poder Judicial y la Policía difieren en un 156%. Las estadísticas judiciales reflejan un promedio de 61.762 hechos anuales, o sea más del doble de lo registrado por la Policía, que contabilizó 24.159 en el mismo lapso. Esta enorme diferencia existente entre una y otra fuente demuestra varias causas y consecuencias, algunas de ellas muy graves. En primer término, queda al descubierto que la ciudadanía ya no denuncia mayoritariamente los hechos delictivos ante la Policía. En segundo lugar, que se produjo una pérdida de confianza en el trabajo policial y, muchas veces, la comunidad prefirió denunciar los hechos directamente ante la justicia penal. Y, en tercer lugar, que estos fenómenos se produjeron principalmente en las ciudades con mayor número de habitantes, que es donde se originan la mayor parte de las causas judiciales.  La situación no sería grave si no fuera porque estas diferencias, que hasta ahora no habían trascendido públicamente, patentizan la falta de integración de las estadísticas delictivas procesadas por el Poder Judicial y la Policía, y la ausencia de articulación entre la política criminal como marco amplio y los programas y las acciones de seguridad pública que deberían diseñarse en consecuencia. Se sabe que los sistemas policial y penal no pueden funcionar eficientemente si actúan como compartimientos estancos, sin una adecuada coordinación interinstitucional e integración estadística e informativa. Por eso, se observa que la Policía y la justicia penal operan mal desde hace mucho tiempo. No se nutren recíprocamente de la misma información para la formulación y evaluación de sus planes y programas, como tampoco con el tercer componente que es el sistema penitenciario. Entonces, se advierte la urgencia y la importancia de corregir inmediatamente las falencias de funcionamiento de las estructuras judicial, policial y penitenciaria para mejorar la seguridad pública, enfrentar la creciente inseguridad y responder con acciones eficientes los múltiples reclamos sociales.

La tasa de delitos del 2012 superó el pico de 2002

Sobre la base de las estadísticas judiciales se puede establecer que la tasa de delitos a nivel global provincial - medida entre la cifra anual de delitos y la población que surge del Censo 2010- en el año 2012 alcanzó el récord de 631,5 delitos por cada 10.000 habitantes, superando en un 27,5% el pico registrado en el fatídico y extremadamente conflictivo año 2002, que mostró una tasa de 495,4 delitos por cada 10.000 habitantes, según estadísticas criminales oficiales suministradas por la policía provincial.  Tomando como fuente las estadísticas judiciales, la variación interanual de los delitos a nivel global en el total provincial correspondiente al 2012 -confrontado respecto del 2011- marca un crecimiento del 17%, pasando de 56.897 hechos registrados en 2011 a 66.628 hechos en 2012. La frecuencia de hechos delictuosos del 2012 implica un promedio de 182 denuncias diarias, o sea casi 8 delitos denunciados por hora o 1 cada siete minutos, lo cual es un dato alarmante comparado con la historia delictiva registrada a mediano plazo en Chaco. En próximas entregas analizaremos las variaciones interanuales de los delitos en el Gran Resistencia, Sáenz Peña y otras regiones.  Lo señalado echa por tierra o pone en duda la credibilidad de algunos indicadores sociales y económicos que suelen elaborar organismos oficiales, y pone en crisis las cifras publicadas en materia de pobreza e indigencia, empleo, inclusión social e inflación, con las que se intenta mostrar una mejor imagen que la real. Se reconoce en los espacios de pensamiento y experiencia que existe una correlación lineal entre desigualdad social -brecha entre los segmentos más ricos y más pobres de la sociedad- y las tasas delictivas.  Estudios económico-criminológicos lo han demostrado. En general, la situación social es negativa e inestable, combinándose períodos cortos de cierto bienestar con otros muy repetidos y más largos de carencias y de necesidades, con las que justamente coinciden las elevaciones de las tasas delictivas, que se explican -en gran parte- por el deterioro de los indicadores socioeconómicos, reflejados –por ejemplo- por el coeficiente de Gini.

Cifras negras de la criminalidad y la victimización familiar

Según una encuesta de victimización oficial -conocida recientemente- que corrobora los datos de otras encuestas realizadas en nuestra provincia por una consultora local, a su vez coincidentes con las realizadas en otros lugares del país, la comunidad denuncia solamente uno de cada tres delitos. Esto quiere decir que dos de cada tres hechos permanecen ocultos, formando parte de las cifras negras de la criminalidad. En base a las cifras de delitos denunciados y a las comprobaciones registradas por el poder judicial, al año 2012 es posible proyectar el total de delitos ocurridos en el Chaco, que trepó a 200.000 hechos estimados, que es un valor altísimo al que nunca se llegó. Otra proyección válida resulta de calcular el impacto sobre la población afectada por la criminalidad en términos de victimización familiar, considerando que un hecho delictuoso si bien damnifica a una persona, no es menos cierto que los familiares directos de la víctima principal también resultan impactados. Por lo tanto, es posible calcular tal impacto tomando como base a una familia tipo, integrada por 4 personas. Bajo este supuesto de victimización familiar, se puede estimar que unas 800.000 personas resultaron afectadas en 2012 por los delitos ocurridos, proyectados a partir de los hechos denunciados, más los no denunciados (200.000 hechos). Y si relacionamos este impacto con la población del Chaco, se estima que la victimización afectó el año pasado al 76% de los habitantes, en promedio, sin considerar repeticiones de hechos a una misma víctima. Esto quiere decir que el impacto del delito en nuestra provincia es enorme; 3 de cada 4 habitantes habrían sufrido en familia los efectos de la criminalidad globalmente considerada en el término de un año. Y si a esto le sumamos el impacto mediático de los hechos delictuosos socialmente visibles que replican los medios de comunicación, llegamos a comprender por qué ha crecido geométricamente la percepción social de la inseguridad. El panorama es grave porque en el último año han crecido la criminalidad real, la criminalidad aparente (la que no se denuncia) y la percepción de inseguridad de los habitantes del Gran Resistencia y de la provincia del Chaco.

Desfinanciamiento, ausencia de políticas, planes y programas en seguridad pública

El Gobierno ha demostrado en los últimos años que carece de planes y de programas eficaces para construir seguridad pública y combatir la inseguridad. Apela permanentemente a la improvisación, al cambio de funcionarios políticos y de las conducciones policiales, a establecer una nueva legislación sobre seguridad que luego no reglamenta y no aplica. De este modo, las debilidades en la administración del sistema de seguridad pública forman parte del problema de la inseguridad.  El Gobierno parece no querer hacerse cargo de la realidad. Intenta desconocer o minimizar el problema. En cualquier caso, le resulta imposible solucionar el conflicto. Las justificaciones son variadas. El discurso del oficialismo refiere habitualmente a la sensación de inseguridad, a operaciones mediáticas de la oposición y a una excesiva exposición en los medios de casos criminales socialmente visibles. De este modo trata de minimizar los reclamos y licuar su propia responsabilidad institucional y política emergente de uno de los principales problemas sociales actuales, tanto a nivel nacional como provincial, que es la inseguridad pública. Por otra parte, no se invierte suficientemente en seguridad pública; este es otro dato de la realidad, que se descubre cuando se analiza la participación presupuestaria de la seguridad en el presupuesto provincial. En la última década en Chaco se invierte en seguridad pública poco menos del 5% del presupuesto general. Si se lo compara con las inversiones en educación y salud, las diferencias en la asignación presupuestaria son muy significativas. Según el gobernador Capitanich, en educación se invierte cerca del 34% del presupuesto general y en salud alrededor de un 11%. Históricamente se invertía en seguridad pública, hace veinte o treinta años atrás, el equivalente a un 8% del presupuesto anual provincial. Es difícil de comprender lo que pasó en el camino para dejar de invertir cerca de 3 puntos porcentuales del presupuesto provincial en seguridad, como es inexplicable que no se pueda debatir sobre cuál debe ser el porcentaje de participación presupuestaria que es razonable asignar para tratar de mejorar el nivel de seguridad pública en nuestra provincia. Por supuesto que todo no pasa por el dinero para la prevención secundaria; también se deberían debatir programas de prevención social del delito (prevención primaria), mejorar la educación en general y la capacitación profesional de las fuerzas de seguridad en particular, la formación de cuadros políticos especializados en seguridad pública, la construcción de indicadores de seguridad pública sobre bases científicas con la participación del mundo académico, y un conjunto de medidas y acciones necesarias para abordar problemas tan complejos como la inseguridad y la violencia delictual.

FUENTE: Superior Tribunal de Justicia de Chaco y Ministerio de Gobierno de Chaco.

* Coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela. Columnista invitado  -  Primera Línea

¿La comitiva no contaba con ningún fotógrafo?  ¿Nadie pudo obtener una imagen desde un celular? ¿A quien beneficia políticamente un hecho así? Quienes vienen liderando las encuestas ¿Pueden impulsar o alentar un hecho de este tipo? ¿Está totalmente descartada una puesta en escena, conociendo al protagonista? ¿No estaba mas cerca la comisaria del lugar que la de Castelli, para denunciar?

De ser cierto este dudoso hecho desde ya que es repudiable, además necesita ser esclarecido urgente porque la manipulación constante de la oposición pretende adjudicar a nuestro gobierno un hecho claramente perjudicial para los intereses políticos propios.

Nada es descabellado cuando de Ángel Rozas se trata, porque toda su vida ha sido irrespetuoso con la verdad.

Prometió cortarse las manos antes de imponer bonos, y le cortó por la mitad el salario a los chaqueños imponiendo "quebrachos".

Prometió ir a la Cámara de Diputados de la Nación a defender a los chaqueños. No pronunció una palabra en el Congreso y estuvo de los cuatro años que cobró allí, un año en Europa defendiendo sus intereses personales.

Prometió administrar con responsabilidad nuestro dinero y nos dejó una deuda de 600 en 5000 millones.

Prometió progreso y bienestar para todos, pero nos colocó como la provincia argentina con los peores indicadores sociales.

Prometió felicidad para el pueblo y sembró el Chaco de miseria, desnutrición, mortalidad y corrupción.

Prometió transparencia y nos estregó un vicegobernador ladrón condenado por la justicia y un ministro de salud que se robaba el dinero de los remedios.

Prometió justicia, instalando en el Superior Tribunal, borrachos y viciosos que solo garantizan impunidad.

Hoy promete un país mejor, pero acompañó a Cavallo por el mundo para difundir las maravillas de la política económica que impulsó con De la Rúa y nos llevó a la tragedia del 2001.

¿Se le puede creer a una persona con estos antecedentes?

Una respuesta sensata y responsable en atención a sus antecedentes y al futuro de los chaqueños es NO.

Por eso este hecho, altamente dudoso, debe ser investigado y esclarecido para, en tal caso, poner en claro si es que hubo atentado, quien o quienes fueron sus impulsores. Para ello, comenzando por identificar a sus beneficiarios políticos.

FUENTE: Diario Chaco 

Es la primera vez que cuenta su calvario desde que comenzó el proceso contra el sacerdote, hace más de diez años.

Pasaron 11 años desde que se atrevió a denunciar al cura Julio César Grassi. Desde entonces, “Gabriel” crece a la sombra del hombre condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Hoy, tiene 30 años y vive de changas, en el rubro de la construcción, porque no consigue un trabajo fijo, aunque finalizó un curso de computación para poder avanzar. El miércoles, un llamado a su celular lo alertó sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia bonaerense que, al igual que la Cámara de Casación, confirmó la sentencia condenatoria del Tribunal Oral Nº1 de Morón del 10 de junio de 2009. Sin embargo, el sacerdote continúa en libertad. Y Gabriel –la víctima– lo sufre. En una carta que envió a PERFIL les implora a los jueces que detengan al cura y relata su padecimiento.

El joven, que recibió con alegría el nuevo fallo, no puede entender por qué Grassi no es trasladado a una prisión. Temeroso, aún no se anima a enfrentar un grabador o una cámara de fotos, pero desea transmitir su dolor ante la nueva demora en la detención.

“Me costó mucho poder ponerle palabras al horror. Sufrí y sigo sufriendo por lo que me hizo el cura Grassi en el lugar en que creí y sentí que iba a recibir amparo”, dice sobre los abusos que fueron acreditados en el juicio. Y se lamenta: “Fue una liberación poder decirlo. Pero nunca imaginé, más de diez años después,  todo lo que se me vino encima y que aún no logro procesar. En la calle, desde la televisión y en donde estuviera me llegaban los mensajes y hasta una bala. Me dijeron que no podía llegar vivo al juicio”. Gabriel se refiere a un mensaje amenazante que recibió en 2003.

Hizo la denuncia en Morón, pero no prosperó y quedó en la nada.

Los jóvenes conocidos como “Ezequiel” y “Luis”, también acusaron al cura, pero los jueces Luis Andueza, Mario Gómez y Jorge Carrera entendieron que las pruebas no eran suficientes. Y Gabriel quedó en soledad. Soportó el duro proceso para demostrar los abusos, primero, y los embates en su contra, después. “Concurrí a todas las citaciones y me sometí a pericias. Grassi se negaba a todo. Me trataba de mentiroso y de delincuente, repetía mi nombre y distribuía mi imagen. Llegó el juicio oral. Una vez más, ante su mirada amenazante, sostuve mi verdad.

Escuchar la condena me reparó una parte de tanto daño. Pero cuatro años después, Grassi sigue libre. Y yo, preso en la vida sin poder recomenzar, por esta situación que nunca termina. Escuchando incluso esta última semana en televisión cómo la persona más allegada a Grassi disfrutaba y se ensañaba repitiendo una y otra vez mi nombre –lo único que tengo–, insultándome y humillándome”, manifiesta en la misiva.

“No es un hecho aislado. –continúa– Es la forma que Grassi eligió para defenderse. Denigrando a quienes pudimos contar la verdad. La verdad que él también sabe. Y que fue comprobada en todas las instancias judiciales.” Y decepcionado escribe: “Escucho que todos somos iguales ante la ley. Y que el Papa condena a los curas abusadores”. Semanas atrás, Gabriel le envió una carta a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, pero Francisco aún no le respondió. “Quiero seguir creyendo en algo.

No pido mucho. Sólo un poco de respeto y algo de paz. Justicia”, ruega y concluye: “Desde 2002 sólo hablé ante la Justicia. Hoy elijo esta forma para que los jueces y los involucrados, por lo menos, consideren mi sufrimiento que nunca termina ante la impunidad de quien intentó e intenta, cada día, destrozar mi vida”.

Próximo destino: Alvear, Olmos o Ituzaingó

General Alvear, Ituzaingó y Olmos son las tres principales unidades carcelarias que están en condiciones de alojar a Julio César Grassi, si es que finalmente el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Morón ordena esta semana su detención. 

Según las fuentes consultadas, el destino del fundador de Felices los Niños dependerá de la disponibilidad que tenga el penal al momento de solicitar “cupo de admisión”. De las tres cárceles que se manejan extraoficialmente, la Unidad Nº 30 de General Alvear y la Unidad Nº 1 de Olmos (en las afueras de La Plata) son las que cuentan con mayores posibilidades.   

El de Alvear es un penal de régimen cerrado que fue inaugurado en el año 2000. Allí se encuentra Jorge Antonio Torres, el testigo de Jehová que fue detenido en la localidad bonaerense de Tapalqué, acusado de secuestrar a una joven de 18 años a la que presuntamente sometió sexualmente y obligó a realizar prácticas aberrantes.

Olmos es una de las cárceles más antiguas y pobladas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En caso de ser enviado allí es probable que duerma en el pabellón de los católicos.  

El penal de Ituzaingó aparece en la nómina por una cuestión territorial, debido a que se trata de la unidad más cercana al domicilio declarado por Grassi.

Apenas ingrese en el régimen carcelario, el cura será evaluado por el Grupo de Admisión y Seguimiento (GAYS) del SPB, que lo entrevistará  y resolverá qué pabellón es el más adecuado para su tratamiento. Mientras eso suceda permanecerá en un Pabellón de Admisión.

Horas decisivas

Mañana, a las 13, el Tribunal Oral Nº1 de Morón recibirá a todas las partes del caso Grassi en una audiencia pública. El viernes, los fiscales Alejandro Varela y Carolina Rodríguez pidieron la inmediata detención del cura que permanece en libertad, pese a que la Corte Suprema confirmó la condena.

En tanto, uno de los abogados del cura, Carlos Irisarri, anunció que presentará un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo.

El abogado Juan Pablo Gallego espera que Grassi sea detenido en la audiencia. “Tras 11 años de una batalla desigual, nuestra expectativa es la de siempre: justicia por y para las víctimas. Sin más dilaciones ni artilugios que abochornan el servicio de justicia”, expresó el abogado. Gallego cree que “el cumplimiento de la pena en una cárcel restablecerá la legalidad y otorgará paz a quienes padecieron sus ataques depravados”.

FUENTE Y FOTO: Perfil 

La Argentina debate un acuerdo que podría crear un mercado muy atractivo para cortes finos. El avance restaría oferta en Europa, ejerciendo una presión alcista sobre los precios. 

Una misión de funcionarios y empresarios argentinos tiene previsto visitar Moscú a principios de septiembre para terminar de consensuar un acuerdo sobre las características de los cortes de alta calidad que podrían ingresar con aranceles del 15% en el mercado ruso. Así, se podría allanar el camino para que en el marco de la reunión del G-20 -programada para el mismo mes, en San Petersburgo- se realice un encuentro de funcionarios del máximo nivel que culmine con la firma del convenio.

Tras años de negociaciones, Rusia ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) a fines de 2012. Por ser un rubro sensible, la carne vacuna siguió siendo uno de los pocos productos que mantuvo sus cuotas de importación.

Sin embargo, lo importante para los países exportadores de carnes de calidad, como la Argentina, es que se agregó la posibilidad de vender, sin límites de cantidad, cortes finos con un arancel del 15% en lugar del 55% extracuota. Para ello, se establecieron dos categorías: carne cuyo precio supera los 8 euros por kilo (unos U$S 10.500 por tonelada) y cortes provenientes de cierto tipo de animales, cuyas especificaciones se negocia individualmente con cada país.

En esta última categoría, Rusia aceptó las condiciones generales establecidas por la cuota Hilton. Pero al no haber razones para limitar de esa manera la carne elegible, la Argentina mantiene conversaciones para definir un universo mejor adaptado a sus aptitudes de exportación.

En este sentido, el país aspira a colocar carne de novillos de feedlots y de machos enteros jóvenes (MEJ) -la categoría de faena creada hace dos años- que la normativa europea no incluye. De este modo, una vez cerrado el acuerdo, podrán ingresar otros cortes, enfriados y congelados.

Otro ítem que se está negociando es la extensión de la vida útil del producto enfriado, hoy establecida por Rusia en 90 días, y que la Argentina quiere llevar a 120 días, tal como aceptan la UE y muchos otros mercados. El límite actual no permite un avance vigoroso del mercado de carne de alta calidad porque reduce el margen de maniobra de los operadores, obligando a usar el transporte aéreo, de gran costo.

Una vez resueltos estos temas, el país euroasiático ofrecerá un desafío de lo más interesante a los exportadores argentinos: desarrollar el mercado de carne enfriada, tal como se hizo en Alemania hace más de 30 años y luego en otros países europeos.

La importancia de Rusia

Rusia ha descollado como importador en el mercado mundial de carnes vacunas desde la desaparición de la Unión Soviética (URSS), a principios de los ‘90, hasta convertirse en el país que disputa la primera posición con los EE.UU.

En el último quinquenio, el promedio anual de compras de los EE.UU. fue de 1,07 millones de toneladas equivalente carcasa (tec) y el de Rusia de 1,03 millones de tec, bastante alejados del tercero, Japón, con 730 mil tec.

Además, su irrupción marcó un antes y un después en el mercado mundial, ya que su fuerza extraordinaria como importador de carnes provenientes de países libres de aftosa con vacunación motorizó la reducción de la histórica brecha de precios entre éstos y los países libres de aftosa que no vacunan. Si bien hubo otra docena de naciones que empezaron a consumir más carne vacuna y que debieron importarla, Rusia fue por lejos el principal responsable de ese cambio.

Los rusos tienen una larga tradición como consumidores de carne bovina. Sin embargo, desde la caída de la URSS, con el cambio de reglas de juego, la producción cayó a la tercera parte: de 3,5 millones a 1,3 millones de toneladas por año. En tanto, en estas dos décadas, con una población de más de 140 millones de habitantes, el ingreso per cápita creció a U$S 23 mil anuales, el doble, por ejemplo, que el de los brasileños.

También se incrementaron las importaciones de carne porcina y de pollo pero, en estos dos casos, existe un plan oficial para aumentar la producción y lograr el autoabastecimiento, mientras que con la carne vacuna ni siquiera se menciona la posibilidad a raíz de la falta de competitividad de la actividad.

En síntesis

Rusia seguirá siendo una potencia entre los importadores de carne vacuna y la Argentina podría aprovechar la posibilidad que se abre para colocar cortes enfriados de alto precio, sin limitación cuantitativa. De hecho, ya se venden algunas cantidades muy pequeñas.

La firma del acuerdo, en un contexto de cierta normalidad para la exportación argentina, permitirá el desarrollo de ese mercado, tanto para abastecer al segmento de supermercados y carnicerías como al de restaurantes de alta gama.

Bajo esta hipótesis, el precio de importación de Rusia competirá con el de la UE, quizás no con el de la cuota Hilton pero sí con el de las exportaciones de cortes caros por fuera dela misma. A su vez, esto provocará un menor abastecimiento de esa mercadería en el viejo continente y una presión alcista en los precios de la Hilton, lo que significará un doble beneficio para la ganadería argentina.

El riesgo que corre la Argentina es que cuanto más se tarde en desarrollar este canal comercial, a causa de las regulaciones oficiales de los últimos años, algunos competidores podrían adelantarse y posicionarse en el mercado. Esto dificultará que el país logre en Rusia el prestigio y el mayor precio que consiguió décadas atrás en la Unión Europea y que aún perdura.

Por Miguel Gorelik, Director de ValorCarne.com