En una semana intensa, el gobernador Bacileff Ivanoff osciló entre los alicientes de un nuevo cupo de 8540 viviendas (uno de los más importantes entre todas las provincias) de programas nacionales y el acompañamiento a la presidenta de la Nación en su viaje a Asunción, donde asomó el interés en los anhelados puentes con Formosa y el Chaco, donde se esperan contactos de los consultores solventados por el Fonplata que llegarán el martes a Resistencia y ahora se vislumbra que el enlace sería sobre el río Paraguay a la altura de Las Palmas, cuyo puerto ha sido incluido entre las obras que el gobierno nacional se propone licitar potenciando la hidrovía.

Por: Miguel Angel Fernández

Sin embargo, el hecho de que “Chiyo” aprovechara la videoconferencia con la Casa Rosada y desde Margarita Belén cuestionara fallos judiciales “a lo Griesa” que resultan perturbadores, dio la señal de la gran molestia causada por una frenada casi para usar el airbag de la adjudicación y contratación del edificio para la Cámara de Diputados con la empresa Tridelta S.A. en 70 millones de pesos, ante una medida cautelar obtenida por el bloque opositor, cuestionando por inconstitucional el procedimiento mayoritario para avanzar con ese objetivo a máxima velocidad, del mismo modo que no se apagaban las brasas con el juzgado de Faltas de Resistencia que aplicó multas y hasta inició una acción penal por otra obra, en este caso el nuevo hospital pediátrico.

Por si fuese poco, después de esa intervención del gobernador que hizo reaccionar al presidente del Superior Tribunal y hasta a la Asociación de Magistrados defendiendo el fallo de la jueza Civil y Comercial Nº 16, Silvia Felder, el gobernador debió notificarse de un episodio más delicado todavía: el juez federal de Resistencia ordenó clausurar nada menos que el departamento de Drogas Peligrosas en una sanción muy dura para la Policía del Chaco, pese a que se habían hecho inversiones en un mejoramiento importante al cabo de una inspección penitenciaria federal.

Juez federal de Resistencia

Juez federal Carlos Skidelsky.

El doctor Carlos Skidelsky es el mismo magistrado que ante los violentos episodios protagonizados por efectivos policiales en aquel trágico diciembre de 2013, incluyendo actos de saqueo, enfrentamientos armados y enorme tensión en torno de la Jefatura de Policía del Chaco, donde la investigación emprendida de oficio por los fiscales federales imputó “sedición en concurso real con el delito de incitación a la violencia colectiva”, delegó la causa al ministerio público, motivando una apelación del fiscal Patricio Sabadini. El desenlace consistió en declarar improcedente el recurso del fiscal y aportó la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones de Resistencia de la incompetencia federal y el traslado de todos los expedientes al fuero provincial, que resolverá el juzgamiento de casi un centenar de acusados.

Dos apelaciones a la Corte

El gobierno chaqueño tiene otro frente abierto con la justicia, en este caso provincial, a partir de esa reciente sentencia del Superior Tribunal que ordenó iniciar un proceso de equiparación de los sueldos de los magistrados y funcionarios provinciales con el nivel del ámbito federal, donde las distancias son muy grandes. El fiscal de Estado, Osvaldo Simoni, elevó un recurso promovido por el Poder Ejecutivo ante la Corte Suprema de Justicia que plantea la inconstitucionalidad de ese fallo.

Del mismo modo lo hizo el presidente de la Legislatura, al considerar, en síntesis, la gravedad institucional de un avasallamiento de su autonomía debido a que el mismo fallo le ordena los plazos para votar una ley y consumar esa equiparación, sin establecer nunca el origen de los fondos imprescindibles para alcanzar ese objetivo.

Darío Bacileff Ivanoff, titular de la Legislatura.

Darío Bacileff Ivanoff.

En tanto se espera el pronunciamiento del máximo tribunal del país con la certeza de que se trata del tercer caso donde el Superior Tribunal embreta al Ejecutivo chaqueño, pues todavía existe una causa pendiente de liquidación (segunda, ya que la primera debió saldarla con bonos el gobierno de Rozas) y ahora surge una escalada impagable, aún en una provincia que eroga más de 100 millones de dólares mensuales en sus obligaciones salariales, la Federación Argentina de Magistrados marcó presencia en esta capital con la visita de su presidente, el cordobés Víctor M. Vélez, al reiterar que hoy sus colegas chaqueños marchan penúltimos en un ranking de remuneraciones de los 24 distritos de toda la República y volver a colocar sobre el tapete la propuesta de un fondo nacional coparticipable como fuente de solución definitiva y equitativa de tantas diferencias, del cual se tienen pocas noticias desde el Congreso de la Nación.

Promociones en Secheep

Entre los asuntos que no le causaron beneplácito alguno durante la última semana, el gobernador volvió a recibir señales de los apremios financieros que se van agudizando en la empresa Secheep y debió autorizar una asistencia de refuerzo mensual, sin decidir nada todavía acerca del presidente del directorio, el ingeniero César Cotichelli, al cabo de hacerse pública una denuncia en su contra ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con el cargo de que se aumentó su sueldo y promovió a su esposa, que es ingeniera agrónoma y no tiene especialidad en electricidad, del mismo modo que se sumó a la modalidad arraigada en esa empresa de priorizar la incorporación de hijos y familiares.

Los portales de noticias recogieron, al respecto, que Cotichelli manifestó que no pagará ningún costo político porque todo se encuadró en un marco legal -no ético, precisamente- en tanto se sabe que sus relaciones con el ministro de Infraestructura, Marcos Verbeek, no son las más fluidas en este momento.

César Cotichelli, presidente de Secheep.

Sergio Cotichelli.

Debe recordarse que la tarifa de Secheep para los 353.453 usuarios que registra su padrón en toda la provincia debió afrontar el año pasado los avatares de una medida cautelar obtenida por el defensor del Pueblo, después se regularizó el aumento a comienzos de 2014 pero el Chaco aceptó en abril suscribir el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctrica y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la Argentina, donde canjeó el congelamiento del cuadro tarifario, volviendo a diciembre de 2013, por unos 500 millones de pesos de la Nación asignados a obras de mejoramiento de la distribución en baja, media y alta tensión. Esto obliga a que la tarifa de Secheep no pueda alterarse hasta fin de año y tuvo de devolver más de 20 millones de pesos de lo ya cobrado a su masa de usuarios.

El directorio de Secheep (reducido a Cotichelli y Knorre, a quien se ve poco) siguió ejecutando un libreto iniciado en la presidencia de Ricardo Martínez Leone (hoy de vuelta en el ENRE, en Buenos Aires) al iniciar su gestión junto a Capitanich. Entonces además de 250.983 usuarios, tenía 723 trabajadores en toda la empresa, 64 contratados, 16 pasantes universitarios y 268 por convenios con municipios, decidiéndose terminar con las tercerizaciones que aplicó la gestión radical (presidencias de Szymula, Padilla y Lomónaco, pero con el gerente general Camargo como figura clave). Se produjeron incorporaciones para que todos los servicios los prestara la empresa y se activó el papel del Sindicato de Luz y Fuerza, además de punteros políticos y otras influencias.

Hoy con todos los ingresos, la empresa redondea 1.300 trabajadores en toda la provincia.

La esposa de Cotichelli mereció cuatro ascensos hasta alcanzar el mayor nivel del escalafón, además de reclutar a dos hijas y un yerno.

La recategorización de todo el personal, como es obvio, tiene respaldo sindical pero eleva la carga salarial a unos 55 millones de pesos, cuando la recaudación, atada al congelamiento tarifario, es ligeramente inferior a la cifra indicada y se cubre con la ayuda de la tesorería.

En su momento se creó un fideicomiso de deuda de Secheep que llegaría a 476 millones a la fecha (procedente de las colocaciones en el mercado de capitales con fines de inversión), con un atraso en los pagos a la proveedora Cammesa que hizo refinanciaciones desconocidas en otros tiempos cumplidores y está transfiriendo la morosidad de ésta, como de otras empresas provinciales, al barril sin fondo del gasto público nacional.

Estos datos también son significativos: entre 2007 y 2014 la potencia máxima de demanda se incrementó un 88%, el costo mayorista de compra energética aumentó un 46% mientras que el precio de venta creció entre un 4 y 25% dependiendo del rango.

El talón de Aquiles está en la relación ingreso - gasto de personal que en el 2008 fue de un 30,8% y en el 2013 se elevó al 60,7%. Ni hablar si en el 2015, año electoral, ingresa más gente en la empresa.

No puede desconocerse que existe un plan de inversiones para mejorar toda la red de servicios y extender conexiones hacia zonas clave del interior como Castelli o Pampa del Infierno. Lo último corresponde a reforzar la conexión de la estación de Puerto Bastiani con Yacyretá en una red de alta tensión.

Sin embargo, los interrogantes del próximo verano, cuando los picos de demanda pueden volver a marcar otro récord, subsisten en forma paralela a la ingeniería financiera que exige el rescate del pasivo que puede escapar de las manos si los criterios políticos de inclusión mantienen una red de “colgados” que no pagan nada o muy poco de cuanto consumen en los asentamientos y ni hablar de lo que organismos del propio Estado consumen y no cancelan, a pesar de las remanidas compensaciones como dibujos presupuestarios.

A propósito del verano que no está lejos, el gobierno provincial confía en cumplir con un compromiso fundamental: llegar con el nuevo acueducto a Sáenz Peña, como corazón del interior y con pleno derecho a un abastecimiento sin respuesta de tantos años acumulados. ¿Está previsto cuánto incrementará la demanda energética el bombeo desde Barranqueras a lo largo de 180 kilómetros y la posterior distribución a numerosas comunidades que también esperan ansiosas la mayor obra hidráulica de la historia chaqueña?

Que las generosas promociones en favor de la familia Cotichelli no tapen el telón de fondo de un programa de salvataje financiero para la empresa energética y acaso algo parecido para Sameep, con todos los matices que significa entregar agua, para su buen aprovechamiento y no que se la despilfarre.

FUENTE Y FOTOS: Norte